A Marina Cué, unos 250 kilómetros al noreste de Asunción, se llega atravesando una plantación de soja que ahora, en pleno verano y con la cosecha ya finalizada, aparece como un pastizal reseco con algunos brotes marchitos de la leguminosa.
Detrás del sojal, el recuerdo de la masacre sigue presente en las diecisiete cruces de madera con los nombres de quienes perdieron allí sus vidas, durante un tiroteo originado cuando varios centenares de policías acudieron a desalojar a un grupo de campesinos.
Los campesinos ocupaban entonces la finca con una determinación idéntica a la de hoy: que las tierras conocidas como Marina Cué, en disputa entre el Estado y la familia de un dirigente político durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), se incorporen a la reforma agraria estatal.
El desalojo de las tierras dejó graves secuelas: murieron 17 personas, varias decenas quedaron heridas, y una semana más tarde fue destituido el presidente Fernando Lugo, en un juicio político tildado de “irregular” por organismos internacionales.
Los hechos llevaron al banquillo de los acusados a un total de trece agricultores que están siendo juzgados desde hace medio año en Asunción, mientras que no hay imputados por la muerte de los labriegos en el tiroteo.
“Aquí han muerto 17 compatriotas, por eso no podemos dejar estas tierras de lado”, dijo a Efe Rodolfo Castro, que perdió a su hermano Adolfo en el tiroteo, mientras que otros dos de sus hermanos, Néstor y Adalberto, son juzgados por la masacre.
Fue un mes antes del inicio del juicio, en junio de 2015, cuando un grupo de campesinos volvió ocupar Marina Cué, tras haber agotado “todas las instancias de diálogo” con las autoridades, según afirmaron.
Así, los campesinos comenzaron a instalar casas donde vivir con sus familias, a criar gallinas y cerdos, y a cultivar productos básicos para su subsistencia como maíz, porotos o mandioca.
Los cultivos, que se trabajan sin emplear productos químicos y se reparten de forma comunitaria, crecen al mismo ritmo que el asentamiento, donde los labriegos pelean por un arraigo que les fue arrebatado con la masacre.
Sin embargo, persiste un conflicto legal, ya que la empresa que explota el terreno, Campos Morombí, se adjudica la propiedad sobre las tierras de Marina Cué, y pretende crear una reserva forestal en esta finca, aunque los campesinos denuncian que la propia empresa ya desforestó más de 1.000 hectáreas del terreno.
Según los registros, la finca fue donada en 1967 al Estado paraguayo por la empresa La Industrial Paraguaya.
Desde entonces, y hasta 1999, fueron empleadas por un destacamento de la Marina, razón por la que se las conoce con el nombre de Marina Cué.
Tras la retirada de las tropas, las colonias campesinas de la zona pidieron que las tierras fueran cedidas para la agricultura familiar, y el Estado paraguayo concretó esta cesión a través de un decreto en 2004.
A estos documentos se aferraban los campesinos que ocupaban Marina Cué el día de la masacre.
También sustentan el reclamo de los actuales pobladores de Marina Cué, muchos de los cuales perdieron a sus familiares en la masacre, y tratan hoy de sobreponerse a la tragedia y echar raíces en una tierra que consideran propia, y de la que no están dispuestos a dejarse arrancar de nuevo por la fuerza.
Es el caso de Paulina Duarte, cuyo padre, Delfín Duarte, murió en la masacre, y que hoy lleva en brazos a su hija menor, nacida hace dos meses, en plena reocupación de la finca.
“Se llama Marina, porque ella es de nuestra tierra, ella es de Marina Cué”, sentencia.
María Sanz
