El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) cita para mañana a las partes en el caso de la denuncia realizada por la Fiscalía General del Estado contra los camaristas que, en función de miembros de la Sala Penal de la Corte, absolvieron de culpa y pena a los condenados por la masacre de Curuguaty.
Para mañana, el JEM cita a los camaristas Emiliano Rolón Fernández, Cristóbal Sánchez y Arnaldo Martínez, así como a la fiscala general, Sandra Quiñónez, para una audiencia oral y pública, ya que dio por terminado el periodo de presentación de pruebas en los autos del mencionado caso.
La masacre de Curuguaty ocurrió el 15 de junio de 2012 en el lugar denominado Marina Cué, ocupado por campesinos. La intervención policial tuvo un saldo de 17 fallecidos, once campesinos y seis policías. El caso llegó hasta el Congreso, que en tiempo récord instaló un juicio político y destituyó al entonces presidente de la República, Fernando Lugo, generando una crisis política que involucró de alguna manera a la OEA, al Mercosur y a la Unasur.
El 27 de julio de 2018, la Sala Penal de la Corte, que a causa de las inhibiciones de los miembros de la Corte fue integrada por los camaristas Rolón Sánchez y Martínez, revocó los fallos que condenaron a los acusados por la matanza de Curuguaty y absolvió a todos los procesados, además de ordenar su inmediata libertad.
Con ello se revocó la determinación del Tribunal de Apelación de Canindeyú del 29 de mayo de 2017; así como también la sentencia del juicio oral, del 11 de julio de 2016, que condenaba a los campesinos.
LIBERADOS. Así quedaron libres Rubén Villalba, condenado a 35 años de cárcel; Luis Olmedo Paredes, penado a 20 años; Arnaldo Quintana Paredes y Néstor Castro Benítez, sentenciados a 18 años. Los otros siete condenados ya salieron en libertad para esa época.
ARGUMENTACIÓN. Cristóbal Sánchez, quien presidió la sala, hizo un análisis de los argumentos. Concluyó que las pericias se realizaron en forma ilegal, ya que no notificaron a la defensa.
Cuestionó que hubo falta de fundamentación de las resoluciones, que no se analizaron todos los aspectos cuestionados por la defensa en 112 errores y falsedades señaladas.
También que hubo indefensión de los campesinos, ya que se les acusó del homicidio tentado, y se los condenó por homicidio consumado, lo cual no fue advertido. Con ello, dice que hay que anular las resoluciones.
La Fiscalía no quedó conforme con la determinación de los camaristas y por ello los denunció ante el organismo encargado de juzgar a los jueces.