El proyecto de ley que modifica el artículo 30 de la Ley 879/1981 del Código de Organización Judicial y regula el Tribunal de Cuentas fue sancionado el pasado 6 de setiembre, y el presidente Santiago Peña firmó el veto total el 13 de diciembre y lo vetó, al filo del receso parlamentario.
Ahora, depende del oficialismo, que es mayoría en la Cámara, sostener la finalidad original del proyecto, que es la postura de la Comisión de Legislación de la Cámara que ya dictaminó el estudio del veto por el rechazo.
Sin embargo, si el oficialismo sigue con el libreto de ser un mero “pasapapeles”, como cuestiona la oposición, y no discutir, debatir ni objetar lo que remite el Ejecutivo, aun cuando se trate de apartarse de la transparencia, si no se corrige el documento, el día del estudio de este proyecto la suerte estará echada y se preferirá aceptar la objeción antes que confrontar con la posición del presidente Santiago Peña con relación a este proyecto.
El diputado Hugo Meza, miembro de la bancada B de la ANR, tras informar la decisión de la mesa directiva de incluir el tratamiento de este proyecto, adelantó que se confrontarán dos posturas.
“(Con la ley) era lo que se quería evitar, terminar con esas ambigüedades y que definitivamente se deje de puentear a la Contraloría. Vamos a estudiar muy bien los argumentos del Ejecutivo y también la visión política que tenemos en la Cámara”, dijo.
OBJECIÓN. Cabe mencionar que en la exposición de motivos por los cuales el Ejecutivo tomó esta decisión, se señala que para vetar el proyecto, el Ejecutivo, luego de pedir un informe a la Corte, notó que no es viable su promulgación porque no pone fin a la disputa entre Contraloría y Tribunal de Cuentas, sino que la profundiza y acarrea más gastos de fondos públicos y aumenta la inseguridad jurídica porque se presentarán más acciones de inconstitucionalidad, y ya existen varios precedentes con una ley similar del 2003.
El Ejecutivo señala en su decreto ya enviado al Congreso que planteó una mesa de trabajo para que tanto Contraloría como Tribunal de Cuentas coordinen acciones en conjunto para revisar las rendiciones de gastos.
CONTRADICCIÓN. La ley fue impulsada en el 2022 por el contralor Camilo Benítez y presentada en Diputados por sus propios miembros. Peña al vetar contradijo al proyectista que en más de una ocasión advirtió que las autoridades utilizan a la Corte para el blanqueo.
En la práctica, un centenar de entes enviaban sus informes de gastos al Tribunal de Cuentas, donde los controles no son técnicos ni estrictos, para saltarse a la Contraloría mediante una acción de inconstitucionalidad y lograban blanquear su ejecución del presupuesto.
