El ex presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas fue citado el viernes pasado para la imposición de medidas, ante el juez Yoan Paúl López, sin embargo el mismo presentó una apelación y reposición en subsidio para que no se llevase a cabo la mencionada diligencia y evitar presentarse ante el mencionado magistrado.
Cuevas está siendo investigado por aparentes irregularidades que guardan relación con su gestión como gobernador de Paraguarí.
También fue imputada Griselda Duarte García, por supuesto cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. La misma se desempeña como directora de una institución educativa en Sapucái, en donde enseña la esposa de Cuevas.
El proceso en contra del legislador de Colorado Añetete también implica a su hijo, Enzo Cuevas Florentín, quien fue imputado por supuesto enriquecimiento ilícito (cómplice), y su esposa Nancy Florentín de Cuevas, por supuesto cobro indebido de honorarios y uso de certificado de méritos y servicios de contenido falso.
El colegiado, integrado por Gustavo Ortiz, Emiliano Rolón Fernández y Arnulfo Arias, indicó en la presente resolución que “no se detectan lesiones al principio de objetividad y existen indicios “bastante razonables” para presumir la eventual comisión de los hechos imputados”.
La resolución también dice que no se observan errores de procedimiento, falsa apreciación de los hechos o equivocada aplicación del derecho que ameriten modificar, revocar o anular la imputación.
El fiscal Luis Piñánez había solicitado medidas cautelares, como la prisión preventiva para Cuevas ante la posibilidad sobre obstrucción de las pesquisas.
Según el fiscal, existen indicios en cuanto a las conductas punibles de Cuevas y sus allegados, por lo que el pedido de su desafuero está en manos del juez Penal de Garantías, Julián López, quien debe informar del caso a la Cámara de Diputados.
“En relación al hecho punible de enriquecimiento ilícito, tras un análisis financiero de egresos e ingresos entre los años los últimos 10 años (de Miguel Cuevas), existe un perjuicio de aproximadamente G. 1.700 millones”, había señalado en su momento el representante del Ministerio Público. En el caso de las otras tres personas implicadas en la causa, además de Miguel Cuevas, la Fiscalía solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva.
Además, se pidió una caución de real de inhibición para gravar y vender bienes en el caso de Enzo Cuevas.
