El vicepresidente de la Asociación, Mario Noguera, quien es intendente de Juan León Mallorquín de extracción liberal, señaló que la intención de los concejales colorados y un liberal, que responde a la línea del diputado Carlos Portillo, es entrar por la ventana a la administración municipal, hecho que fue rechazado por los demás intendentes del Alto Paraná.
“Así también rechazamos toda la intención de pisotear la voluntad popular al solo efecto de defender intereses mezquinos, expresando nuestra más completa solidaridad con el colega Intendente Municipal de Juan E. O’Leary”, señala parte del comunicado.
El concejal municipal Everaldo Acosta asumió como intendente el miércoles último, en medio del rechazo de un grupo de manifestantes que estaba en vigilia frente a la sede municipal, con acompañamiento policial, que desencadenó incluso una escaramuza entre manifestantes y antimotines posteriormente.
ATRIBUCIONES. Para la Amualpa la elección y puesto al cargo de Acosta se realizó fuera del marco constitucional y legal que dispone la ley Orgánica Municipal 3966/10, ya que la Junta no tiene atribuciones para disponer la destitución de un intendente municipal electo por mandato popular en elecciones libres, según el documento.
“El problema personal de Amarilla debe ser dilucidado en el ámbito jurisdiccional y no por el órgano deliberativo municipal, sin embargo, un grupo de concejales, por intereses personales y políticos yaciendo uso de viejas prácticas que tanto daño hizo al país atropellan la institución Municipal sin haber recurrido a los medios establecidos dentro de las normas que rigen en la materia”, señala en otra parte, para finalmente expresar su solidaridad con el destituido.
EL CASO. Amarilla Leguizamón está imputado con pedido de captura y prisión por abuso sexual en niños, por el Ministerio Público. Por el mismo caso y como un apéndice de la investigación penal, la jueza de la Niñez y Adolescencia, Guillermina Ramírez dispuso la prohibición de acercamiento a la víctima, quien reside en O’leary, de un radio de 50 kilómetros, como medida de protección y apoyo.
El imputado adujo desde el primer momento que se fraguó supuestamente el caso penal, para quitarlo del cargo. Sus defensores, trabaron el proceso e impidieron la realización de la audiencia para ser oído, recurriendo a la Cámara de Apelaciones, que aún no estudió el caso. No obstante, la imputación fiscal se basa en el resultado de la cámara Gessel realizada a la supuesta víctima, según los documentos.
El miércoles pasado se registraron incidentes en la zona de la Municipalidad y hubo cuatro aprehendidos tras la intervención policial.
