18 ene. 2025

Caja Fiscal devorará impuestos por USD 153 millones para cubrir déficit

Proyección de Hacienda indica que previsional pública deberá nuevamente manotear aporte de contribuyentes para pagar jubilación a fuerzas públicas. Agujero podría ser mayor con Ley Arévalo.

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El documento sancionado por el Congreso está siendo revisado actualmente por el Ministerio de Hacienda.

Foto: Gentileza.

El déficit que continúa arrastrando la Caja Fiscal volverá a ser cubierto este año con la recaudación de impuestos, en medio de una coyuntura nada fácil para los contribuyentes por la elevada inflación, la sequía y la recuperación aún parcial que registran sectores muy golpeados por la pandemia.

La proyección hecha por el Ministerio de Hacienda indica que, para cubrir el saldo rojo que registrarán policías y militares retirados en este 2022, la previsional pública devorará unos USD 153 millones que provienen del pago de tributos internos.

La estimación oficial indica que el agujero que generan las fuerzas públicas aumentará en USD 16 millones en comparación al cierre del 2021.

Si a estos datos se suma el saldo rojo que registrarán los docentes en este 2022, siempre según el documento hecho por Hacienda, el déficit total de la Caja Fiscal llegará a los USD 224 millones. La diferencia, USD 71 millones, es cubierto con los excedentes que tiene actualmente el sector civil (ver la infografía).

Mayor. El monto del agujero que deberá ser cubierto con impuestos, sin embargo, podría crecer más si el Congreso da luz verde al proyecto de ley presentado por el senador Martín Arévalo (ANR-cartista).

La Ley Arévalo propone la equiparación de los haberes jubilatorios con los salarios de los funcionarios activos que aportan a la Caja Fiscal. Además de eso, pretende limitar al 50% el uso de los excedentes del sector civil para cubrir el déficit de los docentes retirados.

Así, de los USD 71 millones de saldo rojo que tendrán los maestros este año, solo USD 35,5 millones podrá ser cubierto con excedentes y el restante USD 35,5 millones deberá ser cubierto con impuestos. De ese modo, si prospera el proyecto, la previsional pública necesitará de USD 188,5 millones de los contribuyentes para tapar su agujero.

ANTECEDENTES. Por el momento, el Ministerio de Hacienda manifestó su alivio por el aplazamiento del estudio de la Ley Arévalo en el Congreso Nacional.

Tras un debate que se extendió por casi una hora, el Senado decidió este jueves postergar nuevamente por 15 días el estudio del proyecto que equipara las jubilaciones del sector público con los funcionarios en actividad y limita el uso de los excedentes civiles.

Si bien el proyectista defendió a capa y espada la propuesta, alegando justicia para las personas en situación de retiro y desmintiendo los cálculos hechos por el Ministerio de Hacienda, los legisladores en mayoría consideraron oportuna la posposición para conformar una mesa técnica.

Con dicha instancia de análisis se busca esclarecer algunos puntos que hasta el momento generan incógnitas, como el alcance por sectores, la financiación y el costo que tendría para la Caja Fiscal y el Tesoro Público.

Según los cálculos del Fisco, solo la equiparación de los haberes con los sueldos activos y la limitación del uso de los excedentes, significa un gasto adicional de USD 322 millones, por año. Esa cifra, sin embargo, treparía a los USD 482 millones si se suma el dinero que ya aporta actualmente el Tesoro para cubrir el saldo rojo de militares y policías.

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Hacienda espera el llamado para mesa técnica

Si bien los senadores acordaron este jueves conformar una mesa técnica para debatir acerca de la equiparación jubilatoria, hasta el momento no fueron convocados los técnicos del Ministerio de Hacienda, según manifestaron ayer a ÚH.

La cartera había pedido la postergación del proyecto de ley presentado por Martín Arévalo para explicar su postura.

Según manifestaron las autoridades de Hacienda, esta ley terminaría por agotar las reservas de la Caja Fiscal en dos años, generando además un déficit de USD 1.383 millones en el próximo quinquenio.

Al pedido de postergación se sumaron gremios como Feprinco y Asimcopar.