El producto incautado, denominado Methomyl SP, es un insecticida de alta toxicidad (franja roja), cuya fecha de vencimiento ya estaba prevista para el 20 de diciembre del 2013; sin embargo, estaba siendo transportado para su comercialización a nivel local.
Según datos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senave, la carga decomisada era transportada en una camioneta modelo F4000 de la marca Ford, chapa AFD029.
La carga contaba con una nota de remisión de la empresa Tecnomyl SA y un certificado de registro de entidad comercial de la Dirección General de Agroquímicos de Senave, a nombre de la empresa transportadora Tenondete SA. La Dirección Jurídica explicó que otra irregularidad detectada en el decomiso fue la carencia de recetario agronómico, atendiendo que la ley establece claramente que la comercialización de productos de la clase Ia y Ib (franja roja), altamente tóxicos, debe contar indefectiblemente con este documento, expedido por un ingeniero agrónomo registrado.
Tras esta incautación, el Senave determinó realizar un sumario administrativo a la firma Tecnomyl SA, para recabar más datos y así realizar las sanciones correspondientes. A través de un comunicado, el ente estatal no descarta la ampliación de los sumarios administrativos a otros actores de la cadena de comercialización de agroquímicos, como los asesores técnicos.
La Ley 3742/09 establece, en su artículo 30, que está prohibida la comercialización de plaguicidas vencidos; además establece que los productos altamente tóxicos deberán contar con prescripción técnica.
Tratamos de comunicarnos con los representantes de Tecnomyl SA, pero fue imposible, ya que los directivos no están en el país.
Prohibiciones. El Senave, semanas atrás, a través de una disposición, prohibió la utilización y comercialización del agroquímico benzoato de emamectina, insecticida que es utilizada para combatir plagas muy resistentes que atacan cultivos de granos. Las empresas tienen 30 días para presentar un inventario de la existencia de este agroquímico, suspendido por presunción de daño a la salud, del ser humano y animal.