Las víctimas, de entre 20 y 40 años, eran “principalmente colombianas y venezolanas, pero también de Perú y de Paraguay”, explicó este viernes a la AFP la comisaria Elvire Arrighi, jefa de la Oficina Central para la Represión de la Trata de Seres Humanos (OCRTEH).
“Se explotaba (a las mujeres) de una manera absolutamente industrial en Francia”, con hasta 10 servicios por día, lo que permitía a la red obtener hasta 30 millones de euros (USD 31,3 millones) anuales de beneficios, subrayó Arrighi.
La red, cuya organización era piramidal, la dirigía desde Colombia una pareja formada por un colombiano y una venezolana, que reclutaba a las víctimas con falsas promesas de un futuro mejor en Europa y cobraba los beneficios.
La operación condujo a su arresto en Colombia; de seis personas más —cuatro hombres y dos mujeres— en España; y de dos hombres y dos mujeres en Francia, según la fuente policial, que confirmó una información de la radio France Inter y del diario Le Parisien.
Los detenidos en Francia, en la localidad de Saint-Louis (noreste), son de nacionalidad española o colombiana, indicó el rotativo, precisando que la operación tuvo lugar el martes de manera simultánea a las seis de la mañana en Francia y España, y en la medianoche de Colombia.
En setiembre de 2021, la justicia francesa abrió una investigación por proxenetismo, trata de seres humanos agravada, blanqueo en banda organizado y asociación de malhechores, según una fuente judicial, un año después que dos colombianas presentaran una denuncia en Burdeos.
Los investigadores se dieron cuenta entonces de que la red es de ámbito internacional y la justicia se puso en contacto con Colombia y España, así como con la agencia europea de cooperación policial Europol, para continuar las pesquisas e identificar a las víctimas, al menos 50.
La red las obligaba a prostituirse en toda Francia: desde la occidental costa Atlántica (La Roche-sur-Yon, La Rochelle, Mérignac) hasta las orientales Saint-Louis o Annemasse, pasando por Roubaix o Dunkerque en el norte o Plaisir y Bussy-Saint-Georges en la región de París.
Las mujeres estaban “completamente aisladas”, ya que “no hablaban francés” y se las trasladaba constantemente, por lo que “no permanecían más de una semana en la misma ciudad”, según Arrighi, precisando que estas “no tenían ningún control sobre sus horarios”.
“El entramado contaba en España con un call center que funcionaba como intermediario entre los clientes que llamaban desde Francia” a números de anuncios en línea creados en el país vecino y las víctimas, indicó la Policía Nacional española en un comunicado
Estos centros de llamadas estaban ubicados en Madrid y en la región de Málaga, agregó el instituto armado, precisando que se realizaron 25 allanamientos domiciliarios en total. En los tres llevados a cabo en España, se incautaron 17.000 euros (USD 17.700) y 33 celulares.
Según el diario Le Parisien, la red instaló detectores de presencia y cámaras para grabar a los clientes cuando pagaban por el servicio. Además, la comisaria francesa explicó que las mujeres “tenían que rendir cuentas por mensaje tras cada servicio”.
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Para que las víctimas se dedicaran “por completo” a los clientes, otros miembros de la red se ocupaban de su alimentación, transporte y seguridad.
Los investigadores estiman que la red recaudó como mínimo cinco millones de euros (USD 5,3 millones) anuales con la explotación sexual de las víctimas, aunque las estimaciones pueden elevarse hasta los “20 a 30 millones de euros” (USD 20,8 millones a USD 31,3 millones).
Los miembros de la red y las mujeres se repartían a partes iguales el dinero de los servicios, que estas últimas utilizaban principalmente para reembolsar los gastos del viaje a Europa y luego enviar remesas a sus familias.
Para Elvire Arrighi, que coordinó la operación, las mujeres estaban “bajo la influencia” de esta red, “porque nunca habría ganado esas sumas, hasta 250 euros al día”, quedándose en sus países de origen.
Los recaudadores del entramado en Francia se encargaban de enviar el dinero en efectivo a España, donde se blanqueaba, antes de su transferencia a Colombia, donde los dos jefes de la red vivían a sus anchas.
“Este caso es histórico, un caso de libro, tanto por el funcionamiento y tamaño de la red como por la calidad de la cooperación internacional”, celebró la responsable de la OCRTEH.
