La fiscala Vivian Coronel señaló que es un caso muy grave, y es uno de los hechos más delicados investigados por la unidad a su cargo.
El hecho se registró entre el 12 de agosto y el 24 de diciembre del año 2021, en una vivienda de ciudad Presidente Franco. El caso fue denunciado el lunes último por funcionarios de la Consejería Municipal (Codeni) de Ciudad del Este, quienes accedieron a una filmación realizada por la pareja y el adolescente.
El menor fue evaluado sicológicamente por una sicóloga del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público y confirmó la sospecha que llevó a la Fiscalía a allanar la vivienda, donde se registraron los actos captados en los videos de la pareja.
Agentes Antitrata de Personas realizaron una verificación y seguimiento del caso y pudieron identificar a los autores del hecho a través de las redes sociales, así como la localización de la vivienda, que fue allanada por la comitiva mediante una orden de la jueza penal de garantías de feria, Cinthia Garcete.
La comitiva incautó el video pornográfico, un teléfono celular, una manta que aparece en la filmación y una remera azul con rayas blancas, encontradas durante el cateo de la casa, entre la tarde y la noche del lunes.
Los investigadores revelaron algunos detalles que dejan en evidencia la violencia de la que aparentemente era víctima el menor. “Él le filmaba a su mamá y su padrastro, mientras estos tenían relaciones sexuales e interactuaban también. Una persona que tuvo acceso a este video comunicó el hecho a la Codeni y estos fueron quienes realizaron la denuncia”, explicó la fiscala Coronel.
INVESTIGACIÓN. La agente del Ministerio Público explicó que ni bien recibieron la denuncia, se realizó una intervención inmediata que permitió que los intervinientes pudieran levantar varias evidencias, tras el procedimiento en la casa de los afectados.
La pareja actualmente guarda reclusión en la Dirección Policial, mientras dure el proceso abierto en su contra.
La imputación fiscal fue presentada ayer y la jueza penal de garantías tiene 24 horas para resolver si convierte en prisión preventiva la detención, atendiendo a lo solicitado por la representante de la sociedad, que además pidió cuatro meses para realizar las diligencias y esclarecer este hecho.
