El fiscal antidrogas Ysaac Ferreira ordenó la detención de Juana Carolina Vera González, cuñada del diputado con permiso, Freddy D’Ecclesiis, dueña del hangar Halcón Peregrino, ubicado en San Estanislao. Este lugar fue allanado semana atrás y fueron incautadas siete avionetas, tres de las cuales contenían restos de cocaína y marihuana, según arrojaron los resultados del microaspirado practicado a las máquinas.
En la víspera, el agente fiscal allanó la casa de la ahora detenida, ubicada en Pedro Juan Caballero, de donde se incautaron además vehículos y documentos que estarían relacionados al negocio.
La mujer estaba en compañía de su esposo, Víctor D’Ecclesiis, con antecedente por narcotráfico. Tras su detención, la mujer fue trasladada hasta la base de la Senad en Asunción.
Para las 9.00 de hoy se tiene prevista la declaración indagatoria de la mujer ante la unidad del fiscal Ferreira.
El hallazgo de restos de droga en dos avionetas tuvo como consecuencia la orden de detención dictada por el fiscal interviniente en Pedro Juan Caballero, teniendo en cuenta que una de las avionetas es propiedad de Juana Carolina Vera González y otra figura a nombre de la empresa que explota el hangar, que también está a nombre de la mujer, según los datos proporcionados por la representación fiscal. En estas dos avionetas se encontraron partículas de cocaína, de acuerdo al resultado del aspirado.
La tercera avioneta es la aeronave con matricula ZP-BOO, objetivo de la investigación, que presenta restos de marihuana y pertenece a Jorge Figueredo Burgos, quien se encuentra prófugo.
El hecho es prosecución de la Operación Austral, que se ejecutó en el marco del caso Flights, una investigación de diez meses de duración desarrollada por la Unidad de Investigación Sensitiva de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), bajo la dirección del Ministerio Público.
Hasta el momento, este operativo ha derivado en la incautación de 448 kilogramos de cocaína de alta pureza, que tenía como destino la República Oriental del Uruguay, país utilizado por la organización criminal internacional como un punto de reembarque del cargamento para su destino final en el continente europeo, donde tendría un valor mínimo de 40.000 dólares el kilogramo. También en la incautación de siete aeronaves de dudosa procedencia, algunas de las cuales se encuentran directamente vinculadas a actividades de tráfico aéreo de drogas, según informaciones de inteligencia procesadas a nivel regional.