Cada vez surgen más detractores del proyecto de ley sobre cambios a la tipificación de las figuras de lesión de confianza y estafa, que fue aprobada en el Senado y que debe ser estudiada en la Cámara de Diputados, pero se sigue postergando su ingreso al orden del día, debido a que esperan informes técnicos de la Fiscalía para sostener con mayor evidencia su tratamiento.
La diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), manifestó que el cambio en el Senado es una “catástrofe” y que hace a la norma más benigna para el delincuente.
El proyecto original, elaborado por Vallejo y aprobado primero en Diputados, aumentaba las penas para esas dos figuras, pero en el Senado se decidió mantener como están actualmente, aunque añadiendo elementos subjetivos que hacen el proceso de comprobación del hecho mucho más complicado para los investigadores, que es la crítica principal. Por ese motivo, buscarán frenar la propuesta.
Si bien muchos especialistas sostienen que aumentar la pena no soluciona el problema, y la mayoría de las instituciones, como la Fiscalía, se mostraron en contra, la principal crítica es la dificultad que se aplicó en el Senado. “Al ser la norma más benigna se plantearán revisiones de condenas ya impuestas. Para lograr alguna condena por el tipo agravado debe darse el dolo de a sabiendas (con el mismo marco penal) y agregando ‘el objetivo de causar daño al Estado’”, expuso Vallejo.
La diputada se refiere a los siguientes problemas: primero, para la lesión de confianza, en el Senado se dispone que se debe comprobar que hay un “objetivo de perjudicar el patrimonio”, y además una intención de obtener un beneficio patrimonial indebido, es decir, el fiscal debe buscar pruebas de que el procesado tuvo intención de dañar, dificultando el caso. “Con esto varía el tipo penal agregándole un elemento subjetivo adicional”, indicó Vallejo.
PRESCRIPCIÓN. La diputada Vallejo presentó este proyecto con el fin principal de que las causas por estos casos de corrupción no se extingan en corto tiempo por chicanas para dilatar el proceso, como sucede actualmente. “La finalidad del aumento de la pena está ligada a la prescripción, por eso cambian el ‘será’ por ‘podrá ser’, porque la prescripción sube a más años”, explicó.
La legisladora reconoce que tampoco la Fiscalía está a favor de aumentar las penas. “La Fiscalía quiere que se mantenga la misma pena porque eso sostienen en todo. Pero el texto de Senado es para beneficiar a los delincuentes. Hoy en 10 años salen de la causa, libres y disfrutan de todo. El plazo de prescripción sube a 15”, apuntó.
Sin embargo, para el ex viceministro de Política Criminal Rubén Maciel Guerreño, a lo que se debe apuntar es a saber por qué prescribe la causa y por qué se dilató. “Cuando en un sistema hay impunidad, y me refiero a la falta de castigo a los responsables, no necesariamente castigarle a cualquiera, que también ocurre, porque a veces se busca un chivo expiatorio y se le castiga sin ninguna evidencia, eso no; la impunidad real es que la persona responsable logra evadir el proceso. Si la finalidad del proyecto es combatir la corrupción, esta no es la mejor estrategia, porque aumentar penas y establecer casuísticas no hacen que la investigación fiscal sea más eficiente”, definió.
La Fiscalía señala que aumentar la pena no elimina el problema de la prescripción, que seguirá siendo de 5 años, no 15, como sostiene Vallejo, porque este proyecto solo legisla, en este caso, para las causas especialmente graves.
Nadie en su sano juicio va a aceptar este proyecto del Senado. A los delincuentes les conviene lógicamente. Rocío Vallejo, diputada del PPQ.