El planteamiento brasileño reviste, sin lugar a dudas, un carácter netamente chantajista. Se pretende, de manera sumaria, que el Paraguay incorpore, sin objeción alguna, las seis decisiones que el Mercosur adoptó durante su arbitraria suspensión del bloque, aún al altísimo costo de ver afectados nuestros más sensibles intereses comerciales. El mensaje es claro: de no hacerlo, no se liberarán los recursos del Fondo de Convergencia Estructural (Focem) destinados al financiamiento del proyecto Costanera II.
En particular, Itamaraty presiona para que se asuma el alcance de una decisión del Consejo del Mercado Común (CMC) sobre la aplicación del arancel externo común para la importación de bienes de capital, como maquinarias y equipamientos industriales. Mediante la implementación de la nueva tasa, Brasil obtendría una mayor venta de sus productos dentro del bloque y desestimulará la importación desde países de extrazona.
Es digna de destacar la actitud del ministro de Hacienda, Germán Rojas, que alertó a la opinión pública sobre la que resultó ser una oscura intención brasileña, dejando en evidencia el carácter extorsivo de la misma. En este sentido, es menester dejar sentado que el toma y daca plantado por Itamaraty supone un claro menoscabo a la dignidad nacional, razón por la cual debe ser rechazado de plano en todos sus términos.
Por lo demás, el Focem, creado a instancias del Paraguay en la Cumbre Presidencial del Mercosur de mediados de 2005, de ninguna manera debe ser instrumentado para que las economías menos desarrolladas del bloque sean sometidas a “intercambio” de favores por parte de los socios mayoritarios, sino que ha de servir para propiciar su crecimiento, superar asimetrías y lograr, por ende, una integración más armónica al interior del bloque.
Si el Focem no es percibido de esta manera, entonces no puede seguir siendo concebido como un “fondo de convergencia”, sino como una suerte de caritativa limosna que Argentina y Brasil reparten a voluntad entre aquellos que se avienen a cumplir sus designios, principio de sometimiento que una nación soberana de ninguna manera puede permitirse tolerar.
Es de esperar entonces que, tras las declaraciones del ministro de Hacienda, la Cancillería Nacional actúe en consecuencia, haciéndole saber al Gobierno brasileño que el Paraguay no está dispuesto a acompañar su pretensión y exigiendo la inmediata liberación de los recursos del Focem que legítimamente le pertenecen, puesto que han seguido los cursos de aprobación establecidos en la propia normativa del Mercosur.
Evidentemente, esta acción debe ser encauzada a través de una convocatoria a la Cancillería del embajador brasileño, José Felicio. Desafortunadamente, la gestión no podrá ser realizada por nuestro representante en Brasilia, Manuel María Cáceres, porque, a pesar de estar en el vecino país desde hace más de nueve meses, la presidenta Rousseff ni siquiera ha cumplido con la formalidad de recibir las cartas que lo acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay.