“La expulsión del Mercosur puede ocurrir si se aplican las reglas del Protocolo de Ushuaia”, conocido como “cláusula democrática”, “pero ello contempla un procedimiento” previo, pues “no se decide expulsar de un momento a otro”, declaró Nunes a la radio Jovem Pam.
Nunes explicó que esa posibilidad fue analizada el sábado en una reunión que los cancilleres de los países fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) celebraron en Buenos Aires para analizar la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela asumir las funciones de la Asamblea Nacional (parlamento).
Esa decisión fue revertida el mismo sábado, lo cual el ministro brasileño atribuyó a la “presión internacional”, que equiparó a la que existió en la década de 1980 contra “la dictadura brasileña”.
Nunes también consideró que la anulación de la decisión inicial del TSJ “muestra fisuras” en el “bloque” que apoya al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y que algunos sectores de su entorno “no estaban dispuestos a acompañarlo hacia una dictadura abierta y declarada”.
Según el canciller brasileño, el próximo paso del Mercosur será iniciar una serie de consultas con el Gobierno, la Asamblea Nacional y el Poder Judicial venezolano para “explorar” las posibilidades que existen para “encontrar un camino de salida a la crisis”.
En su opinión, el primer punto deberá ser la realización de las elecciones de gobernadores previstas inicialmente para 2016 y aún no convocadas, y el establecimiento del calendario para los comicios en que serán renovados los alcaldes venezolanos, que deben celebrarse este mismo año.
“Luego seguiría un proceso” para verificar que “las elecciones se realicen de una manera confiable”, apuntó Nunes.
En ese marco, el canciller brasileño insistió en que la expulsión de Venezuela del Mercosur, que el año pasado cesó a ese país de sus derechos por no haberse adecuado a las normas del bloque, “aún puede ocurrir”.
Sin embargo, subrayó que confía en que “no será necesario” y en que “se puedan abrir los caminos para la celebración de elecciones” y la restitución plena de las garantías democráticas.
