La aprobación unánime en el Congreso bicameral y la posterior aprobación por la presidenta interina de una ley que permitirá el llamado a nuevos comicios generales, en una fecha aún por determinar, logró descomprimir la peor crisis de los últimos tres lustros, desde la caída en 2003 del liberal Gonzalo Sánchez de Lozada tras una rebelión popular que arrojó más de 60 civiles muertos.
“Estamos volviendo a la normalidad después de algo tan duro y tan dramático”, resumió este lunes la presidenta provisional, Jeanine Áñez, en las puertas del palacio de Gobierno.
La mayoría de las rutas estaban expeditas al transporte terrestres, a excepción de la región central del Chapare, donde los sindicatos de cocaleros afines a Morales continuaban efectuando cortes.
COCALEROS. Los sindicatos cocaleros exigen justicia para los nueve cocaleros muertos el pasado 15 de noviembre en la región de Sacaba (centro), durante una represión de fuerzas combinadas del ejército y la policía.
A pesar de que persisten algunos bloqueos, “el diagnóstico es muy alentador”, anunció Wilson Santamaría, viceministro de Seguridad Ciudadana, quien vislumbraba que en las siguientes horas “se va a generar el transporte interdepartamental sin ningún problema”.
El tráfico urbano en las principales ciudades bolivianas como La Paz y Santa Cruz, centro de las protestas civiles que provocaron la caída de Morales, también se había reanudado luego de la reanudación del abastecimiento de combustible.
Los mercados de comestibles paulatinamente se iban abastecimiento, mientras la banca y el comercio habían reanudado plenamente su funcionamiento.
Los conflictos que durante más de un mes provocaron 33 muertos cedieron paso a las discusiones para organizar una nueva elección.
Los comicios, cuya fecha deberá definir el nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), se llevarán sin la participación de Evo Morales por primera vez desde 2002. Su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS) está plenamente habilitado para las nuevas justas.