En mayo del 2019, Bogado fue condenado a un año de cárcel, con suspensión, por cobro indebido de honorarios y se dispuso que debe pagar G. 480 millones.
Mientras, su niñera fue condenada a 1 año y medio, porque aparecía como funcionaria del Congreso, donde percibía más de G. 13 millones, y se probó que el senador facilitó ese cobro.
Luego de esa determinación del Tribunal, Bogado comenzó a dilatar fuertemente su sentencia y esta situación continúa hasta ahora.
Nuevamente ahora planteó una acción de inconstitucionalidad, ya que se rechazó que se revise su condena.
“He sido acusado y condenado en el marco de la causa... y, en tal carácter, he promovido el recurso de revisión contra sentencias recaídas en dicha causa en las tres instancias”, sostuvo Bogado.
Aseguró que el rechazo de la revisión quebranta el sistema de derechos y garantías consagrados en el artículo 17 de la Constitución (presunción de inocencia).
HISTORIAL DE CHICANAS. Había planteado un recurso de casación, aclaratorias, para que se anule el fallo, pero Apelaciones y la Corte lo declararon inadmisible.
A fines del 2019, demandó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando que el Tribunal de Apelación y la Corte Suprema “quebrantaron sus derechos”.
Insistió de esta manera en la falta de argumentación para sentenciarle.
También en el 2020, ya planteó una acción de inconstitucionalidad en contra de las resoluciones dictadas por la Sala Penal que habían confirmado su condena. Sin embargo, la Corte volvió a rechazar también este recurso.
Asimismo, había pedido que se declare inconstitucional su pérdida de la investidura, por la cual perdió su banca tras ser condenado en el Senado, pero fue rechazada la acción.
En setiembre del 2021, se confirmó nuevamente que debe cumplir con su condena. Él había apelado la citación que hizo la jueza de Ejecución Sandra Silveira, para que se le fijen las condiciones en que debe cumplir la suspensión de que vaya a prisión.
Condicionamiento
El ex legislador Víctor Bogado presentó una condición para recuperar su banca en el Senado.El condicionamiento consiste en que la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta primero lo escuche, reconociendo a su vez que hubo un error al haberle destituido, y que luego se le devuelva el cargo.Allí él renunciaría a su banca nuevamente y, una vez hecho eso, iría a retirar supuestamente la demanda presentada ante la CIDH contra el Estado.