El presidente de la Junta Departamental de Central, el liberal Mario Aguilera y 10 colorados más rechazaron ayer el pedido de intervención de la Gobernación a cargo de Hugo Javier González, formulado por siete liberales, debido al presunto desvío de los fondos Covid, que consistían en G. 6.382.000.000 (un millón de dólares).
La iniciativa de la intervención logró 10 votos, sumando a 9 liberales y un patriaqueridista, por lo que si Aguilera votaba a favor, la intervención iba a estar siendo discutida ya en la Cámara Baja.
Los ediles liberales presentaron el pedido argumentando que el rol de la Junta Departamental es de controlar a la gestión de la Gobernación. Daniel Ferreira se encargó de señalar que hay “claros indicios de hechos punibles”, recordando la rendición de cuentas de los fondos Covid, con falsificación de facturas, empresas fantasma y una rendición paralela que fue hecha para reemplazar las facturas irregulares. La Gobernación transfirió G. 5.105.600.000 a la Fundación CIAP. Recalcó la importancia de la denuncia que realizó tanto la SET como la Secretaría de Anticorrupción, que corroboraron las inconsistencias.
El concejal cartista Derlis Maciel mocionó el rechazo de la intervención, basándose en la Constitución Nacional que menciona que para la intervención se debe contar con el dictamen de la Contraloría General de la República, además refirió que “se debe tener en cuenta el principio de presunción de inocencia y ni siquiera hay una imputación”.
En otro momento, la colorada Sixta Estigarribia González se jactó de que la ANR administre la institución.
“Llore quien llore, hoy los colorados administramos la Gobernación del Departamento Central y estoy segura de que vamos a salir airosos por la puerta grande”, manifestó la edil, quien ratificó que es “cartista de corazón”.
El abdista Óscar Delvalle dijo que “no se puede pasar encima de una institución para aprobar la intervención”, con relación a la Contraloría.
Los colorados, en sus exposiciones, no se alarmaron por el presunto desvío de dinero y se encargaron de defender al gobernador Hugo Javier González.
En tanto, Roque Ávalos tuvo que explicar cómo halló con sus colegas las facturas falsas en la rendición de cuentas.
Hizo hincapié en que varios comercios, como Santo Domingo, denunciaron ante la Fiscalía la falsificación de sus facturas.
Derlis Larroza destacó que el dinero pudo haber sido de gran ayuda para la reactivación económica.
Tras haber ganado la moción del rechazo a la intervención, Vaesken dijo que seguirán denunciando las irregularidades.
“La SET y Anticorrupción nos dieron la razón y es por eso que denunciaron el desvío de fondos, la doble presentación de rendiciones de cuentas y las facturas falsificadas”. Añadió que se tendrá “una leve esperanza en que la Contraloría y el Ministerio Público hagan su trabajo”.
Dijo que los colorados quieren llevar al plano político la discusión cuando el propio Gobierno es el que denuncia.
“El argumento de ellos para el rechazo es traído de los pelos. Se olvidaron de que la Ley 317, que reglamenta la intervención habla de mal desempeño de funciones y graves indicios de hechos punibles”, destacó el edil, quien también halló facturas falsas.
1.000.000 de dólares administró la Gobernación, otorgando más del 80% a la Fundación CIAP para ejecutar proyectos.
