Biden tiene previsto dar más detalles de sus medidas durante una visita a Monterey Park (California, EEUU), donde un tiroteo acabó con la vida de 11 personas en enero.
La orden ejecutiva, hecha pública por la Casa Blanca, tiene como objetivo reducir la violencia armada con, entre otras medidas, mejoras para apoyar a supervivientes de tiroteos y familiares de víctimas durante sus procesos de recuperación en términos de salud mental.
Para ello, la Secretaría de Salud y la Fiscalía General deberán presentar a la Presidencia una propuesta con ese objetivo antes del 15 de setiembre de este año.
Además, Biden encargará al fiscal general de EEUU, Merrick Garland, que ajuste la definición legal actual de las empresas que venden armas para que se ciñan en mayor medida a la ley que les obliga a verificar los antecedentes penales de todo potencial comprador.
“Esta medida significa que se venderán menos armas sin una revisión de antecedentes penales y, por lo tanto, habrá menos armas que acaben en manos de criminales y abusadores”, dijo una funcionaria de la Casa Blanca que adelantó las acciones en una llamada con medios.
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A su vez, Biden anunciará que el Gobierno va a poner en marcha campañas de información sobre las denominadas leyes de “alerta de peligro (Red Flag)”, que permiten activar un procedimiento legal para confiscar las armas de fuego de quienes representen un peligro para terceros o para sí mismos.
“19 estados y el Distrito de Columbia han aprobado leyes de este tipo (...), pero no son efectivas si el público no sabe cuándo y cómo usarlas”, agregó la funcionaria.
Con respecto a los fabricantes, Biden pedirá a la Comisión Federal de Comercio elaborar un informe sobre cómo estas empresas promueven el uso de armas de fuego entre los menores de edad, señaló la Casa Blanca.
En junio se cumplirá un año desde que el Congreso aprobara un limitado, pero histórico acuerdo legislativo para el control de las armas de fuego.
Esa ley incluyó una revisión del proceso de compra de armas para los menores de 21 años y estableció incentivos para los estados que aprobasen las llamadas leyes de “alerta de peligro”.
Sin embargo, este tipo de restricciones se ha encontrado con la oposición de algunos miembros del partido republicano, quienes han argumentado que viola los derechos constitucionales.
El pasado 21 de enero, un hombre mató a 11 personas en la ciudad de Monterey Park, a 15 kilómetros de Los Ángeles, y se suicidó poco después cuando fue acorralado por la Policía.
