Las Entidades de Medios de Pago Electrónico (EMPE) del país son sometidas desde este mes a controles más rigurosos desde el Banco Central del Paraguay (BCP).
A través de la resolución 10, el Directorio de la banca matriz reglamenta el régimen de información para las EMPE y ordena, entre otras medidas, la provisión de datos diarios, mensuales y anuales sobre cuentas activas e inactivas, usuarios existentes y tipos de transacciones.
La disposición en cuestión se aplica a las cuatro entidades autorizadas para operar como EMPE: Claro (Operadora de Pagos Móviles), Mobile Cash Paraguay (Tigo Money), Personal Envíos y Pesa (Zimple), explica la Superintendencia de Bancos (SIB).
Esta dependencia advierte que no deberían generarse costos adicionales que justifiquen cargos para los usuarios finales, por la implementación de esta resolución, ya que las entidades en cuestión vienen remitiendo información desde la emisión del Reglamento de Medios de Pago Electrónicos. “Lo que hace la nueva regulación es institucionalizar la remisión de la información de las EMPE como sujetos supervisados”, recalca la SIB.
La resolución del BCP establece que las EMPE remitan diariamente información sobre los saldos a favor de usuarios, de comercios, de agentes y de puntos de venta, entre otros datos.
De manera mensual, deberán reportar sobre la cantidad de usuarios y cuentas existentes (activas e inactivas), reclamos y quejas, canales de acceso por distritos, casos de interrupción del servicio, fraudes y robos. De manera anual, deberán presentar los estados contables y financieros, así como auditorías y certificados de seguridad.
José Gamarra, gerente de Unidad de Negocios Zimple, de Bancard, considera estas medidas como una tarea propia del BCP como supervisor de las EMPE, “para velar por el correcto cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, buscando mantener la seguridad y confianza en este tipo de servicio”.
Destaca que el dinamismo del negocio y el avance constante de la tecnología hacen necesario seguir evolucionando para asegurar el aumento de la penetración de los pagos electrónicos de manera escalable y segura.
Recalca que se debe seguir avanzando en el cumplimiento de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, evasión fiscal y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero.
Los pagos electrónicos mueven por año una cantidad de dinero que equivale al 4% del producto interno bruto (PIB) o USD 1.500 millones, según la SIB. Se realizan cerca de 4,5 millones de transacciones por mes, a través de 1,5 millones de cuentas activas.
Opiníon
“Habrá mayor capacidad para intervenir”
El economista Manuel Ferreira, consultor de Bancard, considera que esta reglamentación ayudará a evitar sobrecargos en que se puedan incurrir por desconocimiento de la terminología, debido a que en la resolución del BCP se uniforma el lenguaje. “Esto puede ayudar mucho a transparentar los precios en general, más allá de generar competencia, que también es importante. El Banco Central va a tener una capacidad más eficiente de intervenir y tratar de moderar, si es que existiese algún exceso”, señala.
“Falta acceso y seguridad”
José Gamarra sostiene que debe haber más medidas de supervisión que permitan una mayor seguridad de los usuarios y del sistema financiero, a fin de asegurar la identidad de cada participante que opera en el sistema, minimizando así la posibilidad de infiltrados que obren en forma fraudulenta o ilícita. Además, se pronuncia a favor del derecho del usuario a acceder a su dinero mediante todos los canales disponibles y con libertad de elección.
