La primera que adelantó su apoyo fue la bancada C del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), liderada por Pastor Vera Bejarano, pero sin anunciar una presentación.
El diputado Celso Kennedy, miembro de esta bancada, dijo que se encuentra conversando con los diputados de su partido que firmaron el pedido de interpelación para poder definir el tema.
También el diputado de la bancada llanista, Sergio Rojas, manifestó que hará las consultas sobre la situación. En tanto que los diputados del Partido Patria Querida (PPQ) no opinaron al respecto.
Por su parte, el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Bachi Núñez, al ser consultado, solicitó que primero se manifieste la postura de los firmantes de la interpelación. Indicó que desde un principio pidió la renuncia de Villamayor pero evitó hablar de la presentación de un pedido de voto censura.
Villamayor fue interpelado en Diputados luego del escándalo generado tras una publicación del Washington Post sobre un acuerdo en torno a la negociación de la deuda de Petropar con PDVSA, que llevó a cabo con el mandatario autoproclamado de Venezuela, Juan Guaidó, en la que se incluía una comisión de USD 26 millones para el abogado intermediario, Sebastián Vidal, que tiene conexiones con el presidente Mario Abdo.
Durante su interpelación, Villamayor logró desmarcar al gobierno de todo vínculo con el abogado, asegurando que fue contratado por Venezuela y no por Paraguay. Explicó que nunca hubo negociaciones con Juan Guaidó, debido a que por más que la propuesta de acuerdo era conveniente para Paraguay, se requería que el tribunal arbitral de París defina cuál es el gobierno legítimo, ya que existe un conflicto con Nicolás Maduro. En cuanto a las declaraciones de Javier Troconis, aseguró que este tuvo que rectificarse y aclarar que fueron dos parlamentarios venezolanos los que le presentaron a Vidal.
Igualmente, Villamayor fue cuestionado por la falta de transparencia y presionado a renunciar, pero se negó, con respaldo del presidente.
La deuda de Petropar con PDVSA ascienda a USD 269 millones, según Paraguay, y a USD 290 millones, según Venezuela.
