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Balance de gestión de Ferreiro puede pasar a Contraloría

 

Tras el rechazo de la gestión 2019 del ex intendente de Asunción Mario Ferreiro, por amplia mayoría de los concejales, el documento pasa a Intendencia para que pueda responder a las observaciones en un plazo de 30 días.

En el caso de que se vuelva a rechazar el informe remitido por el Ejecutivo municipal, con dos tercios de los miembros votantes, la Junta elevará los antecedentes a la Contraloría General de la República, según establece la normativa.

El actual jefe comunal Óscar Nenecho Rodríguez, quien hasta el año pasado fue presidente de la Junta Municipal, insistió en que no tiene nada que ver con la cuestionada rendición de cuentas de la administración anterior y solo será “pasamano” de las documentaciones requeridas.

OBSERVACIONES. El cuerpo legislativo rechazó por un total de 22 votos contra uno la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos, el Balance General, el Estado de Gestión Económica del Ejercicio fiscal 2019. La baja inversión física, que comprende obras con apenas el 23% de la ejecución, fue uno de los puntos cuestionados.

El recurso general con que se contó en el 2019 fue de G. 1.445.878.431.079, con una ejecución del 65%.

Durante la sesión extraordinaria resaltaron la falta de inventario de bienes de consumo, cuyo gasto significó más de G. 66.000 millones.

Además, existe un déficit de G. 71.803 millones que demuestra una baja gestión de percepción o cobro de ingresos municipales, según el dictamen B, por el cual se solicitaba el rechazo.

Ediles mencionaron los reportes hechos por el consorcio TX, contratado para provisión de sistema para gestión tributaria, como el caso de posibles morosos registrados al día, con expedientes que solicitan prescripciones por un valor aproximado de G. 193.000.000.000 por aproximadamente 45.000 expedientes en cola. También las inconsistencias en la valoración fiscal, omisiones en las cuentas a cobrar por diferentes impuestos, tasas y contribuciones por un valor aproximado de G. 130.000.000.000. Otra denuncia del consorcio, cuyo contrato fue suspendido, es la falta de cobro a más de 42.000 carteles, tributando solo 1.200.

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