EFE
La acción fue confirmada por el gabinete de la Presidencia después de que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compín) de la ciudad norteña de Coquimbo recibiera correos electrónicos con sellos supuestamente oficiales y la presunta firma de la mandataria.
La denuncia se presentó el pasado 18 de mayo después de que los responsables de la Compín contactaran a la jefa de gabinete de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, para verificar la veracidad de los datos y mensajes.
La Superintendencia de Salud, que también tenía conocimiento de estas comunicaciones, presentó igualmente una denuncia ante el ministerio público por un delito de falsificación, según indica el medio digital LaTercera.com.
“La fiscalía dispuso la investigación correspondiente y los hechos delictivos han sido aclarados”, indica una nota difundida este miércoles por el gabinete de la Presidencia.
En las comunicaciones ahora denunciadas se solicitaba que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez otorgara una pensión de invalidez para una supuesta “sobrina y ahijada” de Bachelet, señala el citado medio.
Estos mensajes eran enviados desde una cuenta de Gmail cuyo nombre de usuario era “pres.chile.gob”.
Sin embargo, diversos detalles alertaron a las autoridades sanitarias, toda vez que los mensajes contenían faltas de ortografía y notorias carencias en su redacción.
Los receptores de los correos electrónicos sospecharon de la veracidad de los mismos porque, además, recalcaban que el trámite debía hacerse cuanto antes y que el remitente (supuestamente, la presidenta) esperaba que no fuera necesario repetir la petición.
La Compín es un departamento técnico administrativo encargado de evaluar, constatar, declarar y certificar el estado de salud de las personas empleadas y sus beneficiarios, con el fin de determinar la capacidad para trabajar o para recuperarse como consecuencia de estados patológicos transitorios o permanentes.
Hecha la evaluación, los afiliados pueden acceder a los beneficios estatutarios, laborales, asistenciales y/o previsionales y para que las autoridades administrativas, las entidades previsionales y los empleadores adopten las medidas correspondientes.
