Brasil se enfrenta a una fuerte escalada, con un aumento diario de muertos y casos confirmados de coronavirus (188.974) que supera ya a Alemania y Francia.
AL BORDE DEL COLAPSO. El recrudecimiento de la enfermedad ha puesto en jaque a los estados brasileños, muchos de los cuales están al borde del colapso sanitario, y ha obligado a las principales regiones del país, como São Paulo y Río de Janeiro, a endurecer las restricciones de circulación para contener los contagios.
Bolsonaro ha colocado en su punto de mira a los gobernadores de São Paulo y Río de Janeiro, dos de los estados más ricos y poblados del país y principales promotores de las cuarentenas, y les ha retado en diversas ocasiones, alargando la batalla política en plena pandemia.
DECRETO IGNORADO. El fuego cruzado se recrudeció esta semana, cuando el presidente publicó un decreto para incluir a los gimnasios, los salones de belleza y las barberías como “servicios esenciales” que deben continuar funcionando pese al agravamiento de la crisis.
La decisión fue interpretada como una presión contra los gobernadores, pues el Tribunal Supremo ratificó en abril la autonomía de los estados y municipios para decidir las medidas de aislamiento social.
Tanto el gobernador de São Paulo, Joao Doria, como el de Río, Wilson Witzel, siguieron las directrices de la máxima corte e ignoraron el decreto presidencial.
Bolsonaro considera que el coronavirus es una “gripecita” que va a afectar al 70% de la población.
DOBLE CRISIS. Además de la crisis del coronavirus, Bolsonaro se encuentra sumido en una grave turbulencia política detonada por su ex ministro de Justicia Sergio Moro, quien le ha acusado de intentar interferir políticamente en investigaciones de la Policía Federal que pudieran salpicar a su familia. Una de las piezas claves de dicha investigación es el video de una reunión de Bolsonaro con un grupo de ministros. En el marco del proceso, declararon ante la Justicia los ministros de la Presidencia, Walter Braga Netto; Seguridad Institucional, Augusto Heleno, y Secretaría de Gobierno, Luiz Ramos, quien supuestamente confirmó que Bolsonaro se refirió a la Policía Federal durante el encuentro.
Si la Fiscalía concluye que Bolsonaro ejerció presiones políticas ilegales, podría presentar una denuncia al Supremo, que a su vez debería pedir autorización a la Cámara de Diputados para iniciar el proceso correspondiente. En ese extremo, si se aceptara una eventual denuncia, Bolsonaro sería separado del cargo durante los 180 días que duraría el juicio y sustituido por el vicepresidente Hamilton Mourao, quien concluiría el mandato que vence el 1 de enero de 2023 si el gobernante fuera hallado culpable.
Presidente dio negativo en pruebas
El presidente Jair Bolsonaro se sometió en los últimos dos meses a tres exámenes para el nuevo coronavirus y en todos dio negativo, según los resultados publicados el miércoles por una decisión judicial. Lo curioso es que esos análisis, cuyos resultados el mandatario se negaba a difundir a pesar de garantizar que habían dado negativo, fueron realizados bajo los seudónimos de “Airton Guedes” y “Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz”, aunque en todos los casos figuran su cédula de identidad y número de registro fiscal.
