Los hechos delictivos que afectan a la población no cesan. A diario se reportan en los medios de comunicación robos, hurtos o asaltos. En la calle, en las paradas del transporte público o en las mismas viviendas de las familias. Ningún hecho de violencia urbana ha logrado hasta ahora provocar algún tipo de reacción en las autoridades y la situación, considerando que nos encontramos en plena transición entre un gobierno que termina su mandato y uno que asumirá dentro de dos semanas, no se proyecta de manera positiva.
De acuerdo con una publicación de este diario, en el Paraguay ocurre un hecho de inseguridad cada seis minutos, según datos oficiales y se habla de un total de 143.000 personas víctimas de hurtos y robos a nivel país, solamente en los primeros seis meses de este 2023.
A partir de los datos proporcionados por el Ministerio Público, el criminólogo Juan Martens señala una arista de este problema que supone un grave síntoma: el descreimiento de la población en las autoridades. El analista expone que, según los datos oficiales del primer semestre del año, de los delitos de hurto, robos y otros, apenas son denunciados un 30 por ciento, mientras que el 70 por ciento de las personas víctimas no lo hacen. Este dato coincide con una cifra que analizaron con la encuesta nacional de victimización en 2017, y recientemente este 2023. Dicha consulta arroja que apenas 3 de cada 10 delitos de este tipo se denuncian, por lo tanto, se puede suponer que se produce mayor cantidad de hurtos y robos.
El analista menciona la conclusión más preocupante, y es que el 80 por ciento de las víctimas que denuncian los hechos quedan insatisfechas tras acudir a la Justicia. Menciona que esto se debería a diversas causas, como que el denunciante no fue bien tratado, o no intentaron recuperar lo robado, o no se mostró interés en su caso. Estos hechos son pues el cimiento del descreimiento y la falta de confianza en las autoridades de seguridad.
El ciudadano convive a diario esta situación de indefensión; ante violentos asaltos a las viviendas o en la vía pública con armas para robar carteras y teléfonos celulares; lo mismo que robos y agresiones en el transporte público, en las paradas de ómnibus o en cualquier calle se está expuesto a la acción de los motochorros.
La delincuencia no parece tener límites, las autoridades no toman acciones, y la población frustrada y harta de vivir con temor puede peligrosamente comenzar a considerar encontrar soluciones por sí misma, tal como ya ha sucedido en varias ocasiones. Las autoridades deben ser conscientes de que estas experiencias de inseguridad e impunidad, además de hartazgo pueden llevar a que la gente tome decisiones peligrosas como hacer justicia por mano propia.
Ante una situación desbordada como la que nos encontramos ya no funcionan las excusas o los planes de mano dura y aumento de control en las calles, formulados por autoridades que aún no han asumido sus cargos.
La desilusión ciudadana y la pérdida de la confianza en las autoridades son los más graves problemas con los que nos enfrentamos actualmente. Las víctimas de hechos delictivos no consideran que denunciar sirva de algo y cuando lo han hecho terminan insatisfechos con el resultado. La pérdida de credibilidad de las autoridades se basa por otra parte en la corrupción que ha infiltrado los estratos de las instituciones, lo cual como sabemos es el principal obstáculo que tenemos en el país.
Los ciudadanos no deben renunciar a su derecho de vivir una vida digna y segura, por tanto no debemos normalizar la situación de inseguridad y seguir insistiendo en que las autoridades del Gobierno trabajen en la solución del problema.