Uno de los procesados fue sobreseído por un error de procedimiento jurídico y cuatro se acogieron a la suspensión provisoria, comprometiéndose a cumplir las reglas impuestas por el Juzgado como medidas alternativas a la prisión. Pero había quedado una alumna en el banquillo de acusados que se negó a aceptar su culpabilidad y consideraba que estaba siendo víctima de una injusticia, pues no había coaccionado a nadie, ni se había demostrado con precisión el supuesto delito que habría cometido.
Fue así como, en setiembre de 2018, pese a que se había sellado la “paz” entre las autoridades y los estudiantes en la sede del Ministerio Público y en presencia del propio fiscal general del Estado, un juez resolvió elevar la causa a juicio público. La Universidad Católica decidió inmediatamente presentarse como querella adhesiva e impulsar el juicio contra la alumna insumisa. Piden para ella la pena de dos años de prisión.
¿De quién se trata? Se llama Aurora Lezcano y asegura que la responsabilidad penal es individual. Si sus compañeros admitieron su culpabilidad, fue porque querían evitar el engorroso y costoso juicio. Pero ella no estaba dispuesta a aceptar la exigencia de la Fiscalía y las autoridades académicas de aceptar públicamente que se había equivocado y que estaba dispuesta a pagarlo con un trabajo social. “Me negué a firmarlo porque no soy culpable”, sostiene. Tiene todas las de perder porque se enfrenta, sola, a una entente Estado-Iglesia de peso enorme en nuestro Poder Judicial.
Por el lado de la Iglesia, basta con recordar el caso de la estudiante María Belén Whittingslow, quien denunció por acoso sexual a su profesor Cristian Kriskovich. Este fue absuelto por unos jueces que consideraron que los centenares de mensajes que había enviado a su alumna, en donde, entre otras cosas, le expresaba su deseo de tener “sexo salvaje” con ella, constituían un simple “galanteo”. Hoy, María Belén sigue refugiada en el Uruguay y su caso va rumbo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras que Kriskovich sigue siendo miembro del atemorizador Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y nunca dejó de enseñar en la Universidad Católica.
Por el lado del Estado, el uso del sistema judicial como sistema represor se ha vuelto cada vez más frecuente. Hemos visto el llamado “lawfare” en casos recientes en los que tanto el Ministerio Público como los jueces actuaron con determinación inmediata y feroz contra determinados objetivos políticos, pero se paralizaron ante escándalos de corrupción de carpas amigas. Basta con recordar las imputaciones y penas de prisión impuestas a Efraín Alegre, Esther Roa, Vivian Genes, Stiben Patrón y decenas de campesinos anónimos criminalizados por conflictos de tierras.
Se está cancelando el constitucional derecho a la protesta social a través de canales legales. No hay que olvidar que, si no fuera por las protestas del “UNA no te calles” de 2015, la gavilla de Froilán Peralta seguiría desfalcando la Universidad Pública. Aquellos ladrones no fueron presos, pero sería el colmo que los estudiantes que lograron con sus protestas limpiar parte de la corrupción hubieran sido imputados por “coacción”.
De eso se trata el caso de Aurora. Parece solo una rebelde tozuda enfrentada a una institución poderosa. Pero es, en realidad, la voz solitaria que pone en evidencia a una Universidad que ha renunciado a su misión democratizadora para asfixiar protestas con tenazas judiciales.
