Hasta que no esté firme el fallo, Empo seguirá operando. La resolución fue emitida ya en enero de este año.
En cuanto al destino del sitio de disposición final de basura, en inmediaciones del río Paraguay, de lograr cancelar el contrato, el director de Asesoría Jurídica de la Comuna capitalina, Benito Alejandro Torres, indicó que analizan si realizarán una nueva licitación para concesión o la gestión será institucional.
El director de Servicios Urbanos, Fernando Chávez, indicó que están viendo, como una manera de prever, alquileres o adquisidores de maquinarias para el trabajo de disposición final.
“Tenemos maquinarias, pero si se da la rescisión no vamos a abastecer. Serían tractores, topadores, retroexcavadoras para la remoción de suelo y encubrimiento de los residuos”, señaló Chávez.
OPERATIVIDAD. En la licencia ambiental otorgada a Empo figura que la operación se extiende hasta mayo del 2022, por disposición del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), recordó el director de Gestión Ambiental de la Comuna, Ivo Brun.
Indicó que a corto plazo se trabaja con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la planta de transferencia.
Alegó que Cateura aún tiene capacidad operativa por varios años más; sin embargo, en un estudio de la organización JICA se estableció que el vertedero ya debía cerrarse en el año 2000.
Sostuvo que para largo plazo proyectan buscar cooperación internacional para concretar una planta industrializadora como forma de disposición final para que ya no sea solo relleno sanitario.
CONTRATO. Entre los motivos por los que se buscaba la rescisión del contrato con Empo, Torres había comentado que es por el cambio de denominación de razón social; el ingreso de basura de otros municipios sin consentimiento de la Municipalidad; la parte de construcción de planta de transferencia; el certificado falso que había presentado en su oportunidad para el cobro de una factura de abril de 2018, entre otros.
El Tribunal declaró el incumplimiento grave del contrato. Pero sí dio lugar, parcialmente, a la demanda contra la Comuna con respecto a la falta de ajuste de tarifa de disposición final de residuos correspondientes a los años 2018 y 2019. Por ello, el Municipio deberá abonar a Empo, en concepto de intereses devengados y no pagados, la suma de G. 14.245.071.881, según el documento.
IMPUTACIÓN. El Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala, concedió cuatro meses más de tiempo a la fiscala Stella Marys Cano, para investigar el caso de la empresa Empo Ltda., por lo que están procesados el ex intendente Mario Ferreiro, el actual, Óscar Rodríguez, y 11 concejales de Asunción.
La fiscala Stella Marys Cano había requerido seis meses más de plazo. Argumentó que aún no tenía varias documentaciones de los pagos realizados por el municipio capitalino a la firma Empo Ltda., a más de declaraciones de los funcionarios involucrados. Alegaba que había muchos documentos que revisar.
La licencia ambiental otorgada para el funcionamiento de Cateura se extiende hasta mayo del 2022.
Ivo Brun,
Gestión Ambiental.
