El Senado todavía no definió las fechas para el juicio político al contralor general de la República, Enrique García. Algunos legisladores anuncian que probablemente se llevará a cabo el próximo año, aunque la Cámara Alta recibió ya en julio pasado la resolución de acusación.
No obstante, la Cámara Baja ya designó a los diputados Hernán Rivas, Celeste Amarilla, y Ramón Romero Roa como nuevos integrantes de la Comisión Acusadora.
Entre las causales que motivan la acusación, los diputados citan comisión de delitos, asignación irregular de viáticos, contratación irregular de consultoría, concesión indebida de privilegios a allegados y tráfico de influencia. De hecho, García fue imputado por producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso. Los antecedentes se remiten al conflicto entre Ivesur y la Municipalidad de Asunción, donde García se desempeñaba como asesor jurídico, antes de ser designado contralor general.
Sobre el proceso, Antonio Sánchez, secretario general del Senado, había explicado que el reglamento que determina la tramitación del juicio político establece cinco sesiones para el proceso. La primera sesión es para escuchar a los fiscales acusadores, en este caso los diputados; la segunda sesión es para la defensa; la tercera se realiza para la aceptación o rechazo de pruebas; la cuarta reunión para los alegatos; y la quinta para la absolución o condena.
“El calendario del juicio político lo determina el Senado. Vamos a esperar que el Senado convoque. Nosotros estamos en condiciones de ratificar todo aquello que ya habíamos aprobado en la acusación”, indicó por su parte el diputado Romero Roa.
