Opinión

Aumentan las cárceles y se multiplican los presos

Elías Honzi – @eliashonzi

Claudio G. estuvo dos años preso, repartidos en las cárceles de Emboscada y Tacumbú. La Fiscalía lo tuvo como principal sospechoso de la muerte de su esposa, pero finalmente la Justicia determinó que no tuvo culpa.

Los días de encierro los pasó en un pabellón religioso y luego en la sanidad del penal por un problema de salud. “Estuve con problemas de salud, sin embargo, el juez se negó a darme la prisión domiciliaria y pasé los días en el sector de sanidad con unas 30 personas, la mayoría afectadas por la tuberculosis. En el lugar había un solo baño, vivíamos hacinados. Mi problema de salud se podría haber agravado”, recuerda el hombre que es uno de los tantos que estuvo tras las rejas sin recibir una condena.

La misma realidad que le tocó vivir a Claudio afecta a más del 70% de las 14.561 personas privadas de libertad en las 17 penitenciarías y los 8 centros educativos para adolescentes en conflicto con la ley, están procesados, es decir, no tienen una condena.

Claudio finalmente fue sobreseído, pero no se olvida de los días en que vio morir a compañeros por la tuberculosis y otras enfermedades.

Recuerda que tuvo que dormir con un ojo cerrado y otro abierto para que no le roben sus pertenencias y recibir algún tipo de ataques de los conocidos como “pasilleros”, los reclusos que ya no tienen lugar y deben deambular por los pasillos de las cárceles, buscando algún refugio para sobrevivir.

La crisis penitenciaria no es nueva. Cada vez que asume un nuevo gobierno, desde el Ministerio de Justicia prometen que lucharán incansablemente hasta lograr la humanización de las cárceles.

Superpoblación. El crecimiento de la población penitenciaria asusta. De acuerdo a datos que maneja el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en el año 2000, la población penitenciaria a nivel país era de 3.219 personas. Ocho años después, ya se superó la barrera de los 14.000.

Con el ritmo en que crece la población penitenciaria, según la opinión de Dante Leguizamón, comisionado del MNP, se tendrían que construir 22 nuevas cárceles para 500 personas, para poder albergar a los internos, cumpliendo así con las normas internacionales.

El Gobierno ante esta situación declaró la emergencia penitenciaria y como primera medida anunció la construcción de nuevos centros penitenciarios: en Emboscada, en Minga Guazú y en Itauguá, para tratar de dar albergue a las 11.000 personas que no tienen un lugar digno donde pasar sus días.

A Claudio, una persona que siente en carne propia lo que es ser un preso cué, esto solo será un parche y no la solución.

Para él, mientras persista el endurecimiento del Código Procesal Penal que prohíbe a jueces la aplicación de medidas alternativas en algunos casos, la mora judicial, y no se implementen políticas para la prevención del delito, se seguirán construyendo más cárceles y se multiplicarán la corrupción y también los presos.

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