EFE
En concreto, se establece el pasado 1 de enero como fecha desde la que rige este incremento, “remunerativo y bonificable”, dispuesto por la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con la ley, las remuneraciones de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial son establecidas por la Corte Suprema de Justicia, que debe velar por el equilibrio entre “el uso eficiente de los recursos y el respeto a la dignidad del trabajador”.
Sin embargo, el alto tribunal no tiene autonomía presupuestaria, por lo que hace unas semanas solicitó a la jefatura del gabinete de ministros del país la modificación de las partidas presupuestarias vigentes para afrontar el incremento, que según confirmaron fuentes judiciales a Efe fue autorizado por el Ejecutivo.
