Según un informe remitido por la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), mediante esta intervención se pudo subsanar parte de las obras verificadas en varias escuelas.
“La Dirección de Rendición de Cuentas del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) ha realizado la verificación in situ en 70 municipios, a un total de 1.100 escuelas y colegios, con obras ejecutadas a través del Fonacide. Se determinaron necesidades de subsanar parte de las obras verificadas y también que se ejecuten el 100% de los ítems de las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto; con ello se logró que las obras verificadas subsanen determinadas deficiencias y cumplan con el total de los puntos del contrato y se ajusten a las especificaciones técnicas”, expresa parte del informe dado a conocer.
Para tener mas detalles, el ministro auditor del Poder Ejecutivo, Luis Cardozo Olmedo, explicó la metodología que llevaron a cabo para realizar la verificación.
A modo de ejemplo, citó algunas fallas en la construcción de escuelas que no se realizan de acuerdo a los contratos previamente establecidos, y se opta por mano de obra barata.
“Tenemos un equipo que hace las verificaciones in situ de las obras comandado por un arquitecto. Nos vamos a la escuela, se verifican las obras de acuerdo a las especificaciones técnicas, de acuerdo a los contratos, encontramos por ejemplo canaletas, pintura, pero nos vamos y no encontramos eso; dice letrero viga de hormigón armado y encontramos vigas de madera. Entonces, nuestro equipo de trabajo cuantifica esos detalles, se remite un informe al Ministerio de Hacienda con la cuantificación de cuanto falta, Hacienda notifica al municipio y se le dice que mientras no se haga, esos faltantes ya no recibirán los desembolsos, y esas son las cuantificaciones que hacemos. Se pudieron recuperar gracias a que los intendentes se pusieron las pilas y finalmente hicieron las obras como debían haberlas hecho, para poder seguir recibiendo los fondos del Fonacide”, expresó el ministro auditor del Poder Ejecutivo.
Pese a que con la auditoría se reafirmó la mala utilización de los recursos del Fonacide en municipios y gobernaciones, desde el Gobierno aseguran que no enviarán ningún dato a la Fiscalía, aunque sí espera que el Ministerio Público realice la investigación con los datos con que ya cuentan.
La misma Contraloría General de la República (CGR) informó días atrás que, desde el 2013 a junio de este año, más de G. 16.000 millones del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) fueron dilapidados.
Recursos. En otro informe que fue enviado al presidente de la República Mario Abdo Benítez, la Auditoría del Poder Ejecutivo hace hincapié en la necesidad de poder contar con un mayor presupuesto para hacer frente a este tipo de trabajos, sobre todo en el interior del país.
“Desde los inicios de esta gestión, la AGPE ha demostrado su firme decisión para el control y seguimiento, pero requiere de recursos para ello, los cuales no se han asignado hasta el momento. El equipo ha desarrollado su tarea con las directrices de eficiente control, para el logro de la transformación de las instituciones con el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia en el uso de los Recursos Públicos, pero requiere de personales, técnicos y/o equipamientos.”, resalta el informe de Auditoría.
“Lo que pasa es que nosotros tenemos solamente un equipo, un arquitecto, nos faltaría un ingeniero para llegar a más escuelas. Estamos trabajando de acuerdo a nuestras posibilidades, tenemos muy pocos auditores, no podemos abarcar mucho, hicimos en Petropar, en la Secretaría de la Juventud, estamos terminando del Indi, Dinapi, somos 57 nada más, pero de eso se restan los que son administrativos, choferes, ponele que somos 20 máximo. Recursos humanos sería nuestro gran problema”, indicó Cardozo.
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de guaraníes en obras fielmente ejecutadas fueron recuperados en 70 municipios y 1.100 escuelas en el país.
Legisladores pretenden cambiar la ley a su conveniencia
El senador Abel González es el proyectista de una ley que pretende modificar la actual norma que rige del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). El texto plantea redistribuir el dinero entre los 255 municipios y 17 gobernaciones en proporción a los habitantes en lugar de priorizar los distritos afectados por los embalses como dice la ley vigente. En otro de sus articulados propone utilizar el 20% de lo recibido del Fonacide en las contrataciones, logística y mantener albergues cuando el monto debería estar blindado a obras de desarrollo.
El proyecto aún no fue girado a comisión.
No obstante, lo que más preocupa a la Auditoría General del Poder Ejecutivo, es que en el proyecto de ley se establece que se deberá constatar las obras con un verificador de obras propuesto por los legisladores, lo que significaría una repartija de fondos. El senador lamentó días atrás que se hacen las denuncias, se presentan las pruebas y no se realizan las investigaciones y lo que se hace es apañar a la corrupción y no se permite que salgan a luz todas las irregularidades.