El pleno de la Corte decidió ayer auditar los juzgados de la Niñez y Adolescencia de Asunción por la mora judicial. Según el ministro Antonio Fretes, que solicitó la medida, hay casos de asistencia alimenticia que tienen retrasos de hasta 8 años.
Además, los ministros también estudiarán modificar la acordada que obliga a que estén los dos padres para firmar la venia a los menores para viajar. El proyecto del ministro Eugenio Jiménez es que esté presente uno de ellos, y el otro padre participe en forma telemática.
Con respecto a los juicios de alimentos, Antonio Fretes señaló que varias veces ya lo solicitó y que era necesario una auditoría de gestión para los juzgados de la Niñez y Adolescencia.
Esto, por las quejas que tenía de la excesiva lentitud en los trámites de los juicios de asistencia alimenticia de 4, 6, 7 y hasta 8 años de duración, cuando que deben ser rápidos, con lo que se viola el derecho de los niños, que debe ser prioridad.
El ministro Eugenio Jiménez le secundó, ya que todos estaban de acuerdo con la auditoría. Al final, votaron por la auditoría de gestión para los seis juzgados de la Niñez y Adolescencia de Asunción.
La medida fue aplaudida en las redes sociales por los abogados, que reclamaron también auditorías en los juzgados de la Niñez en Lambaré, San Lorenzo, entre otros.
PRELIMINARES. El tema de la mora en la Niñez, también motivó el pedido de informes del ministro Manuel Ramírez Candia por la suspensión, en 32 ocasiones, de la audiencia preliminar del ex gobernador de Presidente Hayes, Óscar Venancio Núñez y otros seis acusados por presunta lesión de confianza.
El ministro requirió incluso citar al juez para explicaciones, pero solamente se aprobó un pedido de informes.
Por su parte, el ministro Alberto Martínez Simón solicitó reiterar al Congreso el pedido de tratamiento del proyecto de ley antichicanas, que está ahora en manos del senador Sergio Godoy.
El proyecto “establece el nuevo régimen unificado de recusaciones contra Ministros de la Corte Suprema de Justicia y Magistrados Judiciales en los distintos fueros de la justicia ordinaria, actuarios judiciales y otros auxiliares de justicia”.
VOLVERÁN. Por otro lado, los ministros de la Corte también modificaron la acordada de emergencia sanitaria. Así, a partir de hoy jueves, todos los funcionarios judiciales exceptuados de asistir por Covid-19, deberán volver a sus puestos de trabajo. Esto, salvo los que si tienen reposos o dictámenes médicos para no asistir, a más de las embarazadas y en estado de lactancia.
Finalmente, otra de las decisiones del pleno fue la aplicación, a partir del lunes 29 de noviembre, del expediente electrónico en la Sala Penal del Máximo Tribunal en la Secretaría Judicial III, que atiende las causas penales.