Una atípica apelación del diputado colorado de Paraguarí, Tomás Fidelino Rivas, que podría crear un mal precedente, sumada a la complicidad de sus colegas hizo que el legislador trabara su causa penal.
Al igual que el ahora ex diputado José María Ibáñez, Rivas está imputado (aunque aún con fueros), porque supuestamente pagó a sus caseros con dinero de la Cámara Baja, quienes en realidad trabajaban en su casa, su estancia y su empresa.
El hecho salió a la luz gracias a publicaciones de ÚH, corroboradas luego por el fiscal Luis Piñánez, quien los imputó por los supuestos delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
El proceso está parado en la Sala Penal de la Corte, instancia que debe resolver la recusación contra dos camaristas, presentada por uno de los caseros imputados en la causa. Esto paraliza el caso desde el 22 de mayo pasado.
El fiscal imputó al legislador Rivas, y a sus caseros Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González.
DECISIÓN JUDICIAL. Tras la imputación del fiscal, el juez Rubén Riquelme, admitió la imputación contra los caseros, y, por auto interlocutorio, ordenó la comunicación, a los diputados, del proceso formado contra Rivas, de modo a que sea desaforado.
La forma en que comunicó la causa, a través de un auto interlocutorio, no es habitual, ya que la mayoría de sus colegas lo hacen por una simple providencia.
Al ser un auto interlocutorio, la defensa del diputado Rivas, planteó una atípica apelación general contra la resolución, pese a que aún no fue desaforado. El juez le dio trámite, ya que, por ley, no puede rechazar el recurso, sino que debe ser el Tribunal de Alzada. Esto podría crear un mal precedente y trabar los casos similares.
Paralelamente, los diputados, al analizar la comunicación del juez Riquelme, señalaron que la resolución que comunicó la causa no estaba firme, porque había sido apelada, con lo que no se expidieron sobre el desafuero.
En un proceso similar, en el caso del diputado Carlos Portillo, procesado por varios delitos, el juez Julián López, había comunicado el desafuero por simple providencia, por lo que la defensa del legislador, planteó el recurso de reposición que debe ser resuelto por el mismo juez.
No obstante, este magistrado, no le dio trámite al pedido ya que aún no estaba procesado por tener fueros. Recién cuando sus colegas le desaforaron tramitó los recursos planteados. Esta diferencia, hizo que el caso de Rivas siga trabado.
Los caseros también apelaron la resolución que admitió la imputación. Ya en el Tribunal de Apelación, el imputado Lucio Romero, recusó a los camaristas Arnulfo Arias y Carlos Ortiz Barrios, por lo que la causa pasó a la Corte donde sigue sin resolverse.
Está para la “firma del triplicado” en la Sala Penal
Un término común en el Poder Judicial es que la resolución ya está hecha, pero está para “la segunda firma del triplicado”. Para los “comunes” quiere decir que los ministros Luis María Benítez Riera, Sindulfo Blanco y Miryam Peña, ya votaron y decidieron el caso, por lo que se pasó en limpio y deben firmar el fallo.Sin embargo, desde el 24 de julio pasado está para la segunda firma de los tres que deben hacerlo. Los mismos resolverán así la recusación contra los camaristas Arnulfo Arias y Carlos Ortiz Barrios, planteada por el abogado Daniel Bareiro, por la defensa de Lucio Romero Caballero, uno de los caseros procesados en la causa. Una vez que salga esta resolución, los camaristas deben estudiar las apelaciones.