“La doctora Kirchner es corrupta, roba y hace daño a la sociedad”, se justificó ante el tribunal Fernando Sabag Montiel, de 37 años, quien el 1 de septiembre de 2022 gatilló a centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta sin que salieran las balas, pero desatando un terremoto político.
El juicio se centra en el atacante, su ex novia y el empleador de ambos como vendedores callejeros, sin ocuparse de supuestos ideólogos o un posible apoyo financiero, pistas que la ex presidenta Kirchner reclamó investigar y que forman parte de una causa paralela.
“La idea era matar a Cristina”, dijo Sabag al arrogarse la responsabilidad del atentado en la primera audiencia del juicio, en la que se leyeron los cargos contra los acusados por homicidio agravado en grado de tentativa, un delito que prevé penas de hasta 25 años. La audiencia, que duró siete horas, culminó en la tarde del miércoles y la segunda tendrá lugar la próxima semana.
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El tribunal oral federal 6 leyó la acusación de la querella y de la fiscalía, en las que se citaron mensajes de texto intercambiados por los acusados.
En ellos se dio cuenta de que los acusados se proveyeron de una arma ilegal, la utilizada en el ataque, intentaron alquilar una vivienda cercana a la casa de la ex presidenta y buscaron la ocasión para ejecutarla.
“Eran plenamente conscientes de lo que hacían y de sus posibles consecuencias”, sostuvo la querella.
A lo largo de las audiencias que se realizarán con una frecuencia semanal serán escuchados unos 300 testigos, entre ellos la propia Kirchner, en un proceso que se estima puede prolongarse durante un año.
Los acusados
El agresor resultó ser un vendedor de dulces que aquella noche atacó a Kirchner frente a su casa en Buenos Aires, mezclado entre cientos de simpatizantes que acudieron a apoyarla cuando era juzgada por supuesto fraude durante su presidencia (2007-2015).
Sabag Montiel apretó el gatillo dos veces sin que las balas salieran y fue arrestado allí mismo.
En el juicio se mostró tranquilo y predispuesto a explayarse en sus respuestas, en las que se definió como “apolítico” y “cristiano”.
“Pese a haber querido matar a una persona, sin ser hipócrita, soy cristiano”, dijo al tribunal.
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Consultado sobre las motivaciones que lo llevaron a planificar y ejecutar el ataque, respondió que “los fines tienen más un tinte personal que un fin que pueda beneficiar a un sector politico”.
Su novia de entonces, Brenda Uliarte, que lo acompañó hasta las inmediaciones del lugar del hecho, fue arrestada días después, al igual que Nicolás Carrizo, empleador de ambos como vendedores de dulces y señalado como “planificador”.
Sabag Montiel, portador de tatuajes con simbología filonazi, evidenció una personalidad “narcisista” y un discurso “extravagante”, según pericias. Uliarte está acusada como “coautora” y señalada como instigadora, mientras Carrizo está acusado de complicidad.
“Voy a ir con el fierro (pistola) a la casa de Cristina y le voy a pegar un corchazo (tiro)”, escribió Sabag Montiel en un mensaje a Uliarte semanas antes del ataque, a lo que ella le respondió: “La onda (la idea) es que metas el corchazo y te escapes”.
Luego del fallido ataque, Carrizo se ufanó de que su “empleado” hubiera concretado el ataque. “Lo aplaudo, estuvo a un segundo de ser héroe nacional”.
Cimbronazo político
Tras el atentado, Kirchner recibió mensajes de solidaridad de todo el mundo. También hubo un manto de sospecha acerca de la veracidad del ataque, luego despejado por las pericias.
En medio de las condenas públicas, adversarios políticos, como la actual ministra de seguridad, Patricia Bullrich, ex candidata a la presidencia por la fuerza de derecha Juntos por el Cambio, optaron por el silencio.
Su ex jefe de campaña y diputado, Gerardo Milman, es una de las personas que Kirchner pide investigar, luego de que fuese escuchado hablando del ataque antes de que ocurriera. Un peritaje de su teléfono sigue pendiente.
Esa y otras pistas sobre el supuesto financiamiento que llevan hasta una empresa de la familia del actual ministro de Economía, Luis Caputo, fueron desestimadas por el tribunal.
El atentado “fue un antes y un después, no porque hubiera cambiado la política, sino porque evidenció a las claras que la polarización permite, en cierto sector, que no haya ningún tipo de condena cuando el atacado es el otro”, dijo a la AFP Iván Schuliaquer, politólogo de la Universidad Nacional de San Martín.
Fuente: AFP.
