El fiscal de Delitos Económicos Osmar Legal lideró un allanamiento para detener a las mujeres, por el presunto pedido de G. 25 millones, de los cuales ayer se abonó lo que sería “la primera parte”, que consistió en solo G. 5 millones, en una entrega vigilada. El resto se daría cuando consiguieran una salida procesal.
“El Ministerio Público recibe una denuncia sobre un supuesto pedido de dinero, a fin de conseguir una salida procesal en una causa, en la cual el próximo lunes hay audiencia preliminar”, explicó el fiscal, luego de concluir el procedimiento.
El caso que llevó al pedido de dinero fue así: Dos personas están acusadas por homicidio doloso, asociación criminal y portación de armas.
El padre de uno de ellos se enteró de que podía tener una salida procesal para su hijo y le dijeron que tenía que hablar con una de las abogadas ahora detenidas, quien le daría la solución.
Las reuniones entre el señor, las abogadas y la asistente fiscal se hicieron en la propia sede del Ministerio Público, confirmó el fiscal.
Todas las conversaciones donde se pide el pago y se explica cómo van a hacer quedaron grabadas, con autorización del juez Humberto Otazú.
SERÁN IMPUTADAS. La asistente fue identificada como Griselda Beatriz Acha Alcaraz, mientras que las abogadas detenidas son Liz Helena Martínez Robles y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín.
Todas ellas ya fueron citadas a indagatoria y luego serán imputadas, por tráfico de influencias.
El fiscal Legal no descartó que también citará a la fiscala Ana Girala, quien está al frente de la Unidad de San Lorenzo, allanada.
Además, se tiene en la mira a un cuarto involucrado en el hecho. “Habría otra persona, pero todavía no la tenemos identificada y tenemos que analizar qué conocimiento tenía esa persona sobre la supuesta proposición de parte de la abogada y la connivencia también de la funcionaria”, dijo el fiscal.
La investigación también seguirá, en cuanto a si las sospechosas tuvieron otras causas. “Se va a ver qué intervenciones tuvieron estas abogadas en las unidades penales y, en particular, en esa unidad, y verificar si hubo salidas parecidas que sean extrañas o llamen la atención y que sirvan como elemento probatorio”, refirió Legal.
Las reuniones para pedir el dinero a fin de dar una salida procesal se hicieron en la propia sede de la Fiscalía. La investigación sigue abierta, porque habría una cuarta persona implicada.
Incautados
El operativo fiscal-policial dejó como resultado también la incautación de varios aparatos electrónicos y teléfonos celulares que serán sometidos a análisis.“Nosotros hicimos la grabación de estas conversaciones, además de eso, tenemos las intervenciones de las llamadas con la abogada y este señor –que fue el denunciante–. Posteriormente, las evidencias que van a ser fuertes son las conversaciones que pueda haber en los teléfonos celulares”, explicó el fiscal.Ya están en posesión del Ministerio Público todos los datos de las comunicaciones que fueron intervenidas, a través de escuchas electrónicas de las ahora implicadas.