De los 48 asesores registrados actualmente en las nóminas de funcionarios hasta marzo, muchos no reúnen requisitos mínimos para las funciones asignadas, pero perciben sueldos entre G. 4 millones y 6,5 millones mensuales.
Entre los casos aparece Lidia Cristaldo, estudiante de secundaria y esposa de un agente de la Senad, quien figura como asesora jornalera desde 2011, percibiendo mensualmente G. 4.086.610.
Otro caso es el de Carlos Gómez López, bachiller, que es asesor de la bancada colorada desde 2003 y cobra G. 5.031.388 al mes.
También, se ve que la incorporación de parientes es una constante dentro de esta estructura. Las múltiples contrataciones familiares que se evidencia en el control de las planillas permitió la conformación de varios clanes.
Es el caso de Ada Dionisia Núñez Ávalos, quien ingresó como asistente nombrada el 1 de mayo de 2011 con un salario de G. 4.589.790, y Ramón Ignacio Núñez Ávalos, contratado como asistente jornalero el 1 de mayo de 2024 con un sueldo de G. 2.782.103. Algo similar ocurre con Carlos Alberto Pasmor Flores, asistente jornalero desde el 1 de enero de 2017 (G. 2.623.150) y Rubén Antonio Pasmor Flores, juez nombrado desde el 1 de noviembre de 2010 (G. 7.332.790).
Figuran los Lerea Benítez: Jaime Jorge, secretario nombrado desde el 1 de julio de 2001 con salario de G. 5.551.790, y Mariela Leticia, asistente desde el 1 de noviembre de 2008, con G. 3.548.790. Este patrón se repite con los Téllez Ruiz Díaz: Eugenia, asistente nombrada desde el 1 de octubre de 2022 (G. 3.733.790), y Ricardo Daniel, juez desde el 1 de abril de 2014 (G. 7.332.790).
Finalmente, los Andino Fretes completan el esquema: Elías Emmanuel, jornalero desde el 1 de setiembre de 2022 (G. 3.060.748), y Juan Andrés, contratado desde el 1 de noviembre de 2022 (G. 2.798.309).
En todos estos casos, los ingresos se produjeron con apenas meses o pocos años de diferencia en funciones similares o escalonadas, según las planillas.
Esta lógica se reproduce dentro de una Junta que, además de los asesores, sostiene 509 asistentes, cuyo costo anual supera los G. 18.000 millones. Entre 2021 y 2025, fueron incorporados 237 nuevos asistentes, elevando aún más una estructura sobredimensionada y sin justificación funcional clara.
La Municipalidad de Asunción, actualmente está bajo una intervención por el Gobierno Central. El economista Carlos Pereira está al frente para verificar las denuncias.
