El aval de los accionistas de Eletrobras supone un paso fundamental más dentro de los planes del Gobierno de Brasil para desprenderse del control de la compañía mediante la emisión de nuevas acciones que se venderán en bolsa, en una subasta en la que no participará el Estado.
El objetivo con esa capitalización es reducir hasta el 45% la participación del Estado en Eletrobras, que actualmente ronda el 70%, un negocio con el que espera recaudar además unos USD 13.000 millones.
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La operación ya fue aprobada por el Congreso brasileño en junio del año pasado y el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro espera que finalice a lo largo de este 2022.
Sin embargo, aún falta por concluir el análisis del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), órgano que fiscaliza el Estado brasileño y que la semana pasada aprobó la parte más importante, pero aún debe juzgar otras cuestiones para su respaldo definitivo.
Según la prensa brasileña, la asamblea de este martes, que se celebró de forma virtual con motivo de la pandemia del coronavirus, transcurrió bajo un clima tenso que obligó a suspenderla por algunas horas.
De acuerdo con el diario O Globo, los accionistas minoritarios cuestionaron los números del balance financiero de la estatal.
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La aprobación de los accionistas en relación a la privatización del grupo era, sin embargo, esperada por el mercado financiero.
Eletrobras, la mayor empresa de energía de Latinoamérica, es responsable de un tercio de la generación en Brasil y posee cerca de la mitad de las líneas de transmisión del país, con una extensión sumada de más de 70.000 kilómetros de tendidos eléctricos, y una capacidad instalada de generación de unos 50.000 megavatios (MW).
