Sin embargo, pese a la imputación del fiscal Joel Cazal, por los dos hechos punibles, la juzgadora solo admitió el delito de extorsión, no así el tráfico de influencias, ya que el mismo no era funcionario público, según explica.
En el caso, González fue detenido tras una entrega vigilada de G. 13.800.000, para lograr que un procesado tuviera medidas menos gravosas a la prisión preventiva. Había requerido G. 30 millones.
Además del arresto domiciliario, la jueza decretó la prohibición de salida del país, la obligación de acudir a la preliminar, de no cambiar de número telefónico.
También la fianza personal de Gilda González y Sabrina Troche por G. 40 millones cada uno, la prohibición de comunicarse con la víctima, la fianza real sobre un inmueble por la suma de G. 250 millones, y la promesa del procesado de cumplir con todas las obligaciones.
