En el texto, defiende las actividades de la propiedad y rechaza la medida judicial en su contra, alegando que solo se busca “detener el desarrollo agroganadero” en el lugar ante supuestos “intereses ocultos”, pero con el argumento de que afectan el hábitat de grupos Ayoreos, supuestamente en situación de aislamiento voluntario”.
Señala que ya se pusieron en contacto con responsables de la estancia y que los mismos aseguraron que nunca tuvieron conflictos con las comunidades indígenas de la zona y que tampoco tienen conocimiento de la existencia de grupos Ayoreo en aislamiento voluntario. ARP afirma que presentaron documentos que avalan sus operaciones de desarrollo de pasturas y producción ganadera.
“La ARP está firme ante la defensa de la propiedad privada, como también al cumplimiento de la legislación paraguaya avaladas en los permisos y autorizaciones correspondientes. Sin embargo, defiende a aquellos que, cumpliendo con la normativa, contribuyen al desarrollo del país y generan empleo”, recalca el comunicado e insta a las autoridades administrativas y judiciales a rechazar las pretensiones de las organizaciones involucradas.
Miembros de la comunidad indígena 10 de Junio ya se mostraron a favor de la firma afectada y afirmaron que el dueño “tiene derecho” a operar como desee en su predio.
