Los abogados del ex ministro de Obras, Arnoldo Wiens, solicitaron ayer a la Sala Constitucional de la Corte la suspensión del proceso en su contra hasta tanto se dicte una sentencia en la acción de inconstitucionalidad que promovieron contra el llamado a declaración indagatoria.
En su pedido, urgieron una resolución a la Corte, a más de agregar como un hecho nuevo, la imputación en contra de Wiens. Finalmente, solicitan la suspensión de la causa respecto a la indagatoria y todo lo que deriva de ella, en este caso la imputación fiscal. Con ello, se pretende que no se admita la causa.
En el caso, los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovani Grissetti habían imputaron al ex ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, por presunta lesión de confianza y daño a obras construidas en el marco del proyecto Metrobús, que fue iniciado durante el gobierno de Horacio Cartes y cuya terminación no se pudo concretar debido a varias irregularidades detectadas por el siguiente gobierno.
Ahora, es el juez Osmar Legal, quien reemplaza a su colega Humberto Otazú, que está de vacaciones, quien estudia si corresponde o no admitir la imputación de los agentes fiscales contra Wiens.
“La imputación formulada por los fiscales Grissetti, Adle y Silva no es más que la crónica de un evento consumado que advertimos hace meses”, señala el abogado defensor Enrique Kronawetter.
Menciona cómo se fueron dando los hechos, señalando que el 4 de octubre de 2023 se convocó a los dos ex ministros Ramón Jiménez Gaona y Arnoldo Wiens a una declaración indagatoria, dentro del marco de la investigación dirigida por la fiscala María Estefanía González.
“En dicha oportunidad, como lo haría cualquier ciudadano convocado a una indagatoria, se solicitó que nos provean las copias de los hechos que se le pretendían atribuir y se pospuso la audiencia para otra fecha que nunca fue fijada nuevamente”, rememoró el abogado.
Recordó que la investigación culminó con la acusación de la fiscala María Estefanía González contra el ex ministro Jiménez Gaona y requirió que se eleve la causa a juicio oral.
“La propia fiscal Natalia Silva afirmó públicamente que la causa tenía sobrados motivos para discutir en un juicio oral y público y que había un cúmulo de evidencias que así lo probarían en la audiencia, pero, intempestivamente, en la misma audiencia preliminar, ‘cambiaron’ de criterio y solicitaron el sobreseimiento provisional del acusado, con estos fiscales que entraron ‘sobre la hora’ para dicha audiencia”, dijo Kronawetter.
Lamentó que haya quedado firme el sobreseimiento provisional y también clausurada la investigación de la etapa preparatoria, “con lo cual no se podrían incorporar nuevos hechos y menos aún personas que no fueron objeto de una investigación”.
A finales de agosto de 2025, precisó que los fiscales intentaron “revivir una investigación fenecida” y decidieron convocar de nuevo a declaración indagatoria a Wiens por lo que la defensa impugnó de nulidad toda actuación señalando que “el proceso de investigación se extinguió y que cualquier intento de reapertura no solo es ilegal sino inconstitucional por violar el principio de legalidad y del único proceso”.
DEFENSA. A su criterio, el Tribunal de Apelación presidido por Arnulfo Arias “directamente omitió el derecho a la defensa y, alegando que no hay vinculación en el expediente electrónico, declaró inadmisible el recurso cuando tendría que resolver el pleno y nunca uno de los miembros”.
Contra esta decisión, la defensa planteó, en octubre de 2025, una acción de inconstitucionalidad que está pendiente de resolución. Justamente ayer se planteó un urgimiento “en atención a la gravedad de las consecuencias de unos actos nulos, ya que el acta de imputación, al ser consecuencia de una actuación claramente defectuosa, no puede tener eficacia y requerimos también la nulidad de todo lo actuado”.
“El caso Metrobús se ha convertido en el ejemplo más claro de una Justicia selectiva: Los responsables del desastre reconocieron públicamente su culpa, pero hoy son beneficiados judicialmente, mientras se imputa a quien heredó el problema y tomó decisiones para evitar mayores pérdidas al Estado”, asegura.
Resaltó que no se puede desconocer que se está ante una situación evidente que solo los fiscales no vieron, porque están sometidos al poder de turno, y citó que el ex ministro Ramón Jiménez Gaona admitió públicamente su responsabilidad en el fracaso del Metrobús.
Además, reconoció que las obras se iniciaron sin liberar la franja de dominio, error estructural del proyecto; el contrato se firmó y se ejecutó bajo su gestión, durante el gobierno de Horacio Cartes; hubo sobrecostos, pagos irregulares, obras sin control técnico y ausencia de permisos municipales, explicó.
Refirió también que la Contraloría documentó 77 irregularidades graves y el daño al Estado alcanzó decenas de millones de dólares y todo esto ocurrió antes de la gestión del ex ministro de obras Públicas, Arnoldo Wiens.
“Los responsables que diseñaron mal el proyecto, lo ejecutaron sin condiciones legales y generaron el daño económico hoy están sobreseídos”, aseveró.
Sostuvo que Wiens “heredó un contrato inviable técnica y operativamente, con obras paradas por la contratista, nunca por Arnoldo Wiens, y con el agravante de un riesgo presente y futuro de seguir generando pérdidas y daños sociales inconmensurables a más de los ya causados, recibió como respuesta la imputación”.
Agregó que la discusión “jamás puede ser técnica”. “Es una vileza de una Fiscalía sometida y deflagrada por la inmoral dependencia al poder de turno. Se invierten, pues, las responsabilidades: se perdona al que causó el daño y se persigue al que evitó que el daño siga creciendo. No se castiga el fracaso. Se castiga la corrección”.
“El caso Metrobús muestra que en Paraguay confesar culpas no tiene consecuencias, pero resolver crisis, sí, castigándose la corrección y premiándose al que ocasionó el desastre”, manifestó.
