La Cámara de Senadores aprobó ayer el proyecto de ley que modifica el artículo 245 de la Ley 1286/98, del Código Procesal Penal, que habla de las medidas alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva, con el fin de evitar abusos a esta disposición como se da actualmente y de forma constante.
En una maratónica sesión, los legisladores debatieron sobre este punto por varios minutos e introdujeron modificaciones al proyecto presentado por los senadores Desirée Masi, Fernando Silva Facetti y Pedro Santacruz. Esto, con relación a la crisis penitenciaria que vive el país actualmente, debido a la superpoblación crítica en las cárceles y el hacinamiento causado por el abuso de la medida.
Durante su estudio, hubo dos mociones, una presentada por la senadora Desirée Masi, y la otra con algunos puntos modificados por la Comisión de Legislación; esta última fue la aprobada por los senadores.
MODIFICACIONES. La modificación indica que siempre que el peligro de fuga o de obstrucción pueda ser evitado por la aplicación de otra medida menos gravosa para la libertad del imputado, el juez de oficio deberá imponerle en lugar de la prisión preventiva, con algunas de las ocho alternativas citadas en el documento. También fue incluida la tipificación de los hechos graves en la que no se podrán admitir medidas alternativas y sustitución a la prisión en casos de abuso sexual, abuso sexual en niños y secuestro, párrafo agregado por las senadoras Esperanza Martínez y Mirta Gusinky.
Además, se establece que el juez podrá imponer una o varias de estas alternativas, conjunta o indistintamente, según cada caso, adoptando las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento.
El proyecto de ley fue derivado a la Comisión de Estilos.
DECLARACIÓN JURADA. En otro punto, los senadores se ratificaron en su versión sobre el proyecto de ley de modificación del artículo 104 de la Constitución Nacional, por la cual se establece la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de funcionarios públicos. El proyecto había tenido media sanción en octubre del año pasado, y la Cámara de Diputados la había aprobado en marzo de este año, pero con varias modificaciones.
El proyecto, presentado por Payo Cubas, tiene como objetivo que todos los legisladores y funcionarios públicos presenten su declaración de bienes y esta información sea de carácter público. Establece que presenten en 15 días antes de asumir el cargo, y después del cese de sus funciones. El documento vuelve para su estudio a la Cámara Baja.
