Sucesos

Apelan fijación de preliminar en caso tapabocas de Dinac

 

La defensa de uno de los procesados en el caso de los tapabocas de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) apeló la fijación de la audiencia preliminar, por lo que podría suspenderse la diligencia. El principal acusado es el ex presidente Édgar Melgarejo Ginard.

Para este miércoles estaba prevista la preliminar, ante el juez de Garantías Miguel Palacios. Sin embargo, la defensa del procesado Fernando Gallardo, a través de los abogados Arturo Daniel y Rodrigo Yódice, promovió un recurso de reposición y apelación en subsidio.

En el caso, además del ex titular de la Dinac, Édgar Melgarejo Ginard, también están procesados Juan Carlos Turitich Báez (gerente financiero), Marcelo Ovelar González (coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones), Luz Chamorro (gerente administrativa) y Fernando Gallardo (administrador del aeropuerto Silvio Pettirossi).

Asimismo, también están los representantes de la firma proveedora de los insumos: Katherine Pamela Toñánez Vera y Carlos Franco Vargas.

En el recurso que promovieron, sostienen que existe una acción de inconstitucionalidad pendiente ante la Sala Constitucional de la Corte, que se halla en pleno trámite.

Es que las defensas plantearon una excepción de falta de acción de la Fiscalía. Es decir, que los agentes del Ministerio Público ya no tenían acción en la causa, porque ya hubo reparación del daño.

Según el abogado Rodrigo Yódice, ellos habían promovido la excepción, que fue rechazada por el juez Palacios, por lo que fue apelado ante el Tribunal de Apelación.

Los camaristas ratificaron la resolución, por lo que los defensores fueron a la Corte.

Básicamente, dicen que según la acusación por presunta lesión de confianza, el daño patrimonial es de G. 59 millones, de los G. 119 millones abonados por la Dinac para la compra de los tapabocas.

No obstante, apuntan los abogados que el monto total de lo pagado fue devuelto y, además, los tapabocas fueron dejados para la entidad, con lo que no hubo daño patrimonial.

Incluso, alega el defensor que la propia Procuraduría General de la República, a través de su representante, indica que no tienen nada que reclamar.

Según Yódice, esta es una acción populista, ya que evidentemente al ser un caso de delito económico, admite la reparación del daño. Así, el juez deberá resolver el pedido de la defensa.

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