La Contraloría General de la República (CGR) emitió la resolución 499 por la cual dispone un sumario administrativo a Antonio Fretes, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia. El motivo es el incumplimiento de la Ley de 5033/13 de Declaraciones Juradas.
En otras palabras, Fretes no presentó en tiempo y forma sus DDJJ tras dejar el cargo el pasado 10 de marzo (tenía 15 días para presentarlo, hasta el 25 de marzo, según establece el artículo 2 de la Ley 5033).
El 14 de abril, la Dirección de Control de Remuneraciones y Servicios Personales informó que verificados los datos recepcionados con el sistema integrado de DJBR (Sisma), Antonio Fretes no presentó su declaración jurada de bienes y rentas en tiempo y forma por baja del cargo.
El pasado 2 de mayo, la Dirección General de Control de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos y doble remuneración de los funcionarios y empleados públicos, recomendó la instrucción de sumario administrativo que finalmente fue publicada el pasado jueves 4 de mayo.
“Que, conforme a las normativas señaladas precedentemente, se hallan reunidas las condiciones para la instrucción de un sumario administrativo a fin de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la responsabilidad administrativa del mismo, por la falta de presentación de su declaración jurada de bienes y rentas, en tiempo y forma”, reza parte de la resolución.
ÚLTIMOS CUESTIONAMIENTOS. A cuatro meses de acogerse a su jubilación, el 17 de noviembre del año pasado, una investigación periodística reveló un contrato firmado entre Amílcar Fretes, en su carácter de abogado, quien es a su vez hijo del ex ministro de la Corte, y el ciudadano libanés Kassem MohamadHijazi, quien fue extraditado a EEUU, requerido por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por lavado de activos. El contrato fue firmado en setiembre del 2021.
Amílcar tenía como aparente objetivo trabar la extradición del ciudadano brasileño de origen libanés a los Estados Unidos, para lo cual presuntamente se acordó un pago de USD 368.000 (más de G. 2.600 millones al cambio actual), según se pudo evidenciar en la citada investigación. Su padre alegó desconocer este acuerdo.
