Política

Anticorrupción hará denuncia por cobro ilegal de funcionarios

 

La Secretaría Nacional Anticorrupción está procesando las denuncias que revelan que 121 funcionarios públicos cobraron el monto asignado en el programa Ñangareko en el marco de la asistencia social establecida dentro de la emergencia sanitaria para la contención a las familias vulnerables. La denuncia fue realizada con base en el resultado de un estudio de la organización civil Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA).

“Nosotros recibimos la denuncia y estamos procesando los datos. Ya confirmamos varios casos y vamos a presentar denuncias penales”, expresó el ministro René Fernández, de la Secretaría Anticorrupción. Apuntó que la institución que está a su cargo debe realizar el cruzamiento de datos para confirmar y realizar un seguimiento serio de la denuncia por parte de la organización civil.

“Queremos tener un grupo significativo, son 140 casos en total. Dentro de esta semana vamos a denunciar al primer grupo”, adelantó el ministro anticorrupción.

Los funcionarios públicos se exponen a sanciones de índole penal, de acuerdo con lo que establece el artículo 3 del Decreto 3495, que apunta a que los funcionarios públicos (permanentes y contratados) estaban exceptuados de este beneficio, ya que seguían percibiendo sus haberes con normalidad durante la cuarentena.

LA DENUNCIA. De acuerdo con el trabajo de fiscalización realizado por IDEA, 76 funcionarios perciben más de G. 1.100.000 mensuales, y los demás 45 serían funcionarios con ingresos inferiores a este monto.

En la lista aparecen dos funcionarias del Ministerio de Salud Pública que cobraron irregularmente la ayuda de subsidio por la suma de G. 500.000. Se trata de Cristina Melgarejo Esquivel, quien es funcionaria contratada con un ingreso de G. 22.751.000; el segundo caso afecta a Naida Angélica Paredes Oviedo, también funcionaria contratada con un ingreso mensual de G. 14.721.665. Entre los funcionarios públicos aparecen de la Municipalidad de Ciudad del Este, Mauricio José Troche e Itá. Además del Banco Nacional de Fomento (BNF), efectivos policiales y la Contraloría General de la República. La organización IDEA informó que detectaron coincidencias en el listado de Ñangareko y las bases de datos del Ministerio de Hacienda y de la Secretaría de la Función Pública en 121 ocasiones, 12 de ellos son permanentes y los otros 109 son funcionarios contratados. “Es decir, que estas personas además de seguir cobrando sus sueldos en las distintas entidades públicas a las que pertenecen, también recibieron los G. 500.000 de subsidio”, sentenció el documento presentado.

Según el portal Rindiendo Cuentas, ya se entregaron 259.663 subsidios, de los 330.000 previstos. IDEA sostiene que las medidas correctivas deben ser tomadas cuanto antes para evitar que en estas 70.000 transferencias restantes no se le transfiera también a personas que no deberían recibir este apoyo, según la Ley de Emergencia.

DIFICULTADES. El Poder Ejecutivo había declarado la cuarentena a principios de marzo ante el avance del coronavirus. La transferencia de los recursos del programa Ñangareko fue articulada por la Secretaría de Emergencia Nacional y el Gabinete Civil de la Presidencia de la República. Hubo muchas quejas porque las familias no recibían la asistencia estatal a medida que avanzaban los días y las restricciones para tener ingresos económicos. Luego de destrabar los problemas empezó la ayuda.

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