Si bien el Presidente de la República en su campaña proselitista para las elecciones del 2003 prometió apoyar al sector que nuclea a 188 cooperativas grandes –en el país existen 670 organizaciones de esa naturaleza–, tras ser electo les dio la espalda. Su intención es desmontar el exitoso funcionamiento de instituciones que ofrecen alternativas viables para servicios de ahorro y crédito, así como la producción y el desarrollo.
Un primer intento se dio al tratar de suprimir derechos adquiridos por las cooperativas. La oportuna y multitudinaria manifestación del sector lo obligó a rever su posición en su momento.
Está claramente evidenciado que instituciones públicas como el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), que debían prestar una invalorable ayuda al crecimiento económico del país, no responden a las expectativas. Nada digamos de instituciones corruptas e ineficientes como Copaco, Essap y otras.
Lo que aparece, entonces, en escena para paliar esa ineficacia del Estado, que debe atender las necesidades primordiales de los ciudadanos, son las empresas privadas. Las cooperativas, con más de 700 mil asociados, juegan un papel de primer orden en este esquema de respuestas alternativas tan imprescindibles para sobrellevar la crisis económica que afecta con mayor fuerza a los sectores sociales más vulnerables.
Esas cooperativas a las que las personas adhieren voluntariamente se basan en los principios fundamentales del esfuerzo personal y la solidaridad. No tienen como finalidad ganar dinero, y los excedentes retornan en servicios a sus dueños, que son los aportantes. Un importante porcentaje de ese remanente es destinado a proyectos educativos.
Los bancos y financieras, en cambio, tienen como finalidad el lucro. El capital se mueve de acuerdo a ese objetivo. Es cierto que el concepto de responsabilidad social va ganando terreno en el área, pero es imposible compararlo con las ventajas que ofrece el ámbito cooperativo.
Debe quedar claro, sin embargo, que las cooperativas no pueden constituirse en una competencia desleal para bancos y financieras al cumplir solo el papel que corresponde a éstos. Es necesario, por ello, diferenciar claramente las que son netamente de ahorro y crédito de las de producción y desarrollo.
Antes que atacar a las cooperativas y a los cooperativistas –como lo hizo en la reunión con directivos de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod)–, el Presidente debe estimular el ensanchamiento de esa forma de economía solidaria, estableciendo normas de comportamiento precisas.
El fortalecimiento del organismo fiscalizador –el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop)– es una tarea imprescindible para que el modelo se expanda y rinda sus frutos.