19 abr. 2024

ANDE advierte que ampliación de tarifa social golpeará a Hacienda

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Luis Alberto Villordo, nuevo presidente de la ANDE.

Foto: Gentileza

La Cámara de Senadores recientemente aprobó la modificación de la tarifa social de la ANDE e introdujo nuevos conceptos para acceder al beneficio con el fin de ampliar y simplificar su aplicación. Uno de ellos es la disposición de que cualquier usuario que consuma hasta 300 kilovatios hora al mes (kWh/mes) pueda gozar del subsidio, sin ningún otro condicionamiento. Además, se obliga a la ANDE a hacer el trabajo de depuración de beneficiarios, cuando la idea era que sea el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) el que realice esa labor. Estas decisiones no cayeron nada bien en la empresa pública.

Luis Villordo, presidente, y Luis Torres, gerente comercial de la estatal, expresaron su disconformidad y alertaron que 850.000 abonados entrarán directamente a la tarifa social, siendo que actualmente el número de beneficiarios llega a 300.000. Como la ANDE cuenta con aproximadamente 1.600.000 clientes en total, significa que la mitad de ellos recibirá la subvención.

Aclararon que la firma eléctrica no perderá económicamente, pues si bien se brindará el subsidio el mismo terminará siendo descontado del IVA que se transferirá al Ministerio de Hacienda. Por ende, ANDE recuperará los importes, pero el Tesoro dejaría de recibir más de USD 2.400.000 al mes y más de USD 30 millones al año, precisaron.

“Nos deja muy disconformes esta modificación. Se va a pasar el espectro de beneficiarios a 850.000 personas, raya la injusticia. Y atribuye a la ANDE la verificación de casa por casa de todos los beneficiarios. Tendremos que diagnosticar los baldíos, las casas de veraneo, las mansiones, ya escapa a la misión de la ANDE. La retención del IVA a Hacienda, de USD 12 millones anuales pasaría a USD 35 millones. Una suma muy significativa”, expresó Villordo.

PEDIDO IGNORADO. En sus distintas reuniones mantenidas con las comisiones de Senadores, las autoridades de la ANDE explicaron que buscaban hacer más eficiente la aplicación de la tarifa social y que, de ahora en adelante, se tengan en cuenta los factores socioeconómicos de los consumidores, más que solo el bajo consumo, al momento de otorgar al beneficio (la ley actual solo se guía por el bajo consumo). En ese sentido, debía ser el MDS el que fije los criterios para seleccionar a los beneficiarios, considerando su situación de pobreza.

Diputados ya había dado media sanción a los cambios en la iniciativa, pero introdujo cuatro franjas de beneficios, lo que iba a complicar la aplicación del subsidio. Por ende, antes del tratamiento en el Senado, la ANDE pidió que se ajusten los bloques de la tarifa social a solo dos (protección y promoción social) y que se delegue al MDS la tarea de identificar a los subsidiados.

Por tal motivo, Torres señaló que solo restaría solicitar que se apruebe el mal menor y ese sería el texto de Diputados, pese a sus complejos artículos. La Cámara Baja debe volver a tratar la normativa y sancionar una de las dos propuestas.

La senadora Esperanza Martínez fue la que defendió el texto finalmente aprobado en la Cámara Alta y que correspondía a la Comisión de Energía. La legisladora indicó que era mejor sacar los requerimientos socioeconómicos para conceder la tarifa social, pues si se entraba a considerar la vulnerabilidad de las familias se iba a caer en el riesgo del prebendarismo, pues los políticos podrían aprovechar la necesidad para otorgar el beneficio a los pobres, a cambio de favores. Argumentó que todos los clientes que consumen hasta 300 kWh automáticamente deben pasar a ser beneficiarios, por sistema informático.

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