Recordemos que la legislación es cuestionada porque exige una orden judicial para la publicidad de las declaraciones, y además obliga a los proveedores del Estado a presentar sus declaraciones juradas, lo cual es otro motivo de crítica desde el sector privado.
El titular de la Senac, René Fernández, indicó que están trabajando en forma conjunta con organismos y entidades del Poder Ejecutivo, otros poderes del Estado y la sociedad civil, para lograr una legislación armónica y equitativa, antes de la entrada en vigencia de la ley, que será en febrero próximo.
En efecto, la Senac coordinó y gestionó, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la asistencia técnica de expertos internacionales, cuya primera misión oficial se llevó a cabo entre el 11 y el 13 de setiembre pasado, con la participación de Roberto de Michele, especialista principal del BID en transparencia e integridad. También hubo una ronda con periodistas para hablar sobre la legislación.
Más detalles. ”La Ley 5033, que regula la declaración jurada patrimonial de funcionarios fue modificada recientemente, y en ella hay algunas novedades como por ejemplo que los proveedores del Estado van a tener que exponer su patrimonio ante la Contraloría General, así como los funcionarios públicos, y también todas las asociaciones, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, etcétera, que reciban fondos del Estado”, detalló Fernández.
Recordó que con la modificación se regula un mecanismo para la exposición de los datos de las declaraciones juradas, que generó polémica porque ahora se necesita de una orden judicial, lo que va contra la transparencia, según las críticas.
“Nuestra intención es revisar y analizar las leyes que están vigentes, las formas en que estarían siendo implementadas y si existe alguna sugerencia para la mejora”, señaló el titular de la Senac.
Agregó que el objetivo es continuar con la mesa de diálogo con todos los actores vinculados, sector público, sociedad civil, sector privado y empresarial, reiterando que este grupo también se verá afectado porque los proveedores del Estado deberán exponer su patrimonio en declaraciones juradas, “uno de los aspectos problemáticos podríamos decir, o que han creado cierta polémica”, insistió.
Ley 6355
Orden judicial. La Ley 6355 establece que para conocer una declaración jurada se necesitará de orden judicial.
Proveedores. La norma también determina que aquellos que provean al Estado tendrán que presentar su declaración.
