Es lo que señaló ayer el gerente del emblema Petrochaco, Alfredo Escauriza. Al igual que otros operadores de venta de combustibles, describió un panorama complicado para todos debido a que las ventas cayeron al mínimo y no tienen forma de sostener el funcionamiento de las estaciones de servicio con la diferencia de precios favorable que tiene la estatal.
“Y van a ir cerrando. Ahora de una no podemos, debido a que tenemos que informar al Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Colgamos manguera dos días en protesta contra la ley y ahora están sumariando a Apesa”, lamentó.
POLíTICOS. Escauriza afirmó que este subsidio solo está beneficiando a una mayoría de políticos y hurreros que son operadores de estaciones de servicio de Petropar.
“Este Gobierno de mierda está fundiendo a cuarenta mil familias que viven de esto, entre ellas distribuidoras y sus trabajadores”, fustigó.
Insistió en que el 80 por ciento de las más de 200 estaciones que tiene Petropar son de políticos, seccionaleros, legisladores y sus amigos.
Anunció que en el caso particular de Petrochaco se apresta a cerrar una estación modelo que tiene en Encarnación (Itapúa), pero ahí más bien debido al problema del contrabando de combustible que viene de Argentina y que el Gobierno tampoco frena.
Añadió que el emblema está presente en lugares donde no está Petropar, como Maracaná, Yrybucuá, Bella Vista Norte, Vaquería, donde igual nadie quiere cargar porque cuesta 2.500 guaraníes más caro. “Entonces, prefieren traer en bidones de Caaguazú”, enfatizó.
Escauriza sostuvo que el subsidio que está otorgando hoy el Gobierno a Petropar es de más de tres mil guaraníes por litro. Aseveró que “es mentira” lo que dijo el titular de Petropar, Denis Lichi, a Telefuturo, de que es solo poco más de 2.300 guaraníes. “Ahí excluyó varios aspectos de la estructura de costos, entre ellos, el de funcionarios que creo tiene más de mil”, sentenció.
ACCIÓN. El gerente de Petrochaco confesó que estuvo hablando con sus colegas del sector privado y muchos manifiestan la posibilidad de cerrar todas sus estaciones hasta que se devuelva la competencia en condiciones de igualdad, pero esto plantea un problema social sobre qué hacer con los empleados playeros y administrativos.
Refirió que el gasto de una estación por mes va desde 40 a más de 50 millones de guaraníes y hoy están vendiendo solo por valor de 15 millones de guaraníes.
Es debido a esto, según indicó, que se está evaluando impulsar una acción de inconstitucionalidad contra el subsidio. “El Gobierno debe revertir ya esa ley. Si no, va a darse la acción ante la Justicia porque, definitivamente, esa ley es totalmente inconstitucional”, sentenció.