La situación generada por el acta firmada en forma secreta, en la que el Paraguay, en contra de la práctica amparada en documentos firmados con el Brasil en años anteriores, admite aumentar la potencia adquirida de la hidroeléctrica binacional Itaipú, con el consecuente impacto en el precio de la energía pagado por sus consumidores en nuestro país, ha caído en un pésimo momento.
Es cierto que estos episodios de lamentable concesión al país vecino, que se había reservado ya su parte de león en el tratado bilateral de 1973, nunca emergen en circunstancias propicias, pero lo acontecido aparece justo cuando el país empieza a sentir los latigazos de una recesión económica que apunta a agudizarse en el futuro inmediato. Ello hace que se incremente la gravedad de la torpe entrega que estuvo a punto de materializarse.
El impacto de una economía desacelerada, acerca de la cual va disminuyendo la previsión de organismos internacionales y locales del PIB en sectores sociales puntuales, está llegando ya al nivel de lo preocupante cuando faltan aún cuatro meses y un poco más para que concluya el año.
La salud es uno de esos segmentos de la realidad en que se percibe con mayor fuerza la carencia de recursos. Los centros públicos de atención son los que exhiben el abandono más sensible. Las Unidades de Salud de la Familia (USF), en su mayor parte, carecen de médicos . O si lo tienen, es uno solo. No hay especialistas y mucho menos laboratorios de análisis aunque sea para los estudios más elementales. Atienden solo en horarios de oficina pública como si en el resto del tiempo la gente no se enfermera. La falta de medicamentos y de insumos ya se ha vuelto habitual.
La educación también sigue cada vez más postergada. La imprevisión ante las jubilaciones dejó sin docentes a miles de alumnos y la reforma educativa camina a pasos de tortuga, en medio de los muchos incendios que hay que apagar.
En el Congreso Nacional, con el tema que acapara la atención de los políticos y la ciudadanía en general, se encuentran postergados el tratamiento de leyes fundamentales para la vida de la República. Resultan particularmente graves las de contenido económico –como la reforma del sistema tributario, por ejemplo– cuya aprobación puede implicar algún oxígeno para el angustiante panorama actual.
A pesar de los anuncios de obras públicas en marcha para generar fuentes de trabajo e insuflar vigor a la circulación de dinero en el mercado, hechos con bombos y platillos por el Gobierno, todavía no se ha visto su repercusión en el lugar donde más se necesita: el bolsillo de la gente.
En medio de un clima de incertidumbre que no se disipa, es imposible abordar con serenidad estos y otros graves problemas que aquejan al país. Es necesario que se investiguen y se aclaren a fondo los hechos que motivaron la crisis y se sancione a quienes resulten responsables. Igualmente, resulta necesario que la clase política deje de lado sus intereses particulares para concentrarse en los del país. Itaipú, con la renegociación de su Tratado en puertas, y los obstáculos aumentados por una economía en decadencia podrán ser mejor abordados en una atmósfera encarrilada institucionalmente.
De lo contrario, el país irá de mal en peor.
