Economía

Aluvión de pedidos de ampliación hacen entes de Justicia para 2022

Más de USD 91 millones adicionales pidieron la Corte, el TSJE y la Fiscalía para el PGN 2022, gran parte para aumentar el excesivo gasto salarial. IPTA no quiso ser menos y también solicitó adenda.

Un verdadero aluvión de millonarios pedidos de ampliación hicieron ayer los órganos dependientes del Poder Judicial a la Comisión Bicameral del Congreso, dentro del proceso de análisis del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022.

En audiencias seguidas realizadas en la víspera, las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el Ministerio Público reclamaron al Parlamento la extensión de sus planes de gastos por valor de G. 639.162 millones (USD 91,4 millones al cambio presupuestado). A esto se suma el pedido hecho en primer turno por el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), por otros G. 14.705 millones (ver infografía y apoyo).

De ese total, los pedidos más grandes los hicieron la Corte, por G. 452.655 millones; y la Fiscalía, por G. 150.000 millones.

De acuerdo con las presentaciones hechas por las autoridades de las tres entidades del Poder Judicial y del IPTA, se puede apreciar que una gran parte de los requerimientos es para inflar el gasto salarial, en medio de una apretada situación de las finanzas públicas debido a los históricos niveles de déficit y deuda que se alcanzaron para enfrentar la pandemia. Entre creación de cargos, renovación de contratos y reajustes de sueldos, esas instituciones piden para el rubro de servicios personales G. 184.426 millones (USD 26,4 millones).

Si se toman en consideración las solicitudes hechas en las sesiones pasadas por los diferentes entes públicos, se tiene que, hasta el momento, los pedidos de ampliación presupuestaria para el año próximo ya llegan a los G. 933.972 millones (USD 133,6 millones).

El PGN 2022 enviado por el Ejecutivo contempla un monto de G. 92,1 billones, lo que treparía a los G. 96,3 billones si el Parlamento autoriza la ampliación del saldo rojo al 3% del PIB. En este último caso, el déficit fiscal alcanzaría los G. 8,5 billones (USD 1.224 millones).

FUNCIONAMIENTO. Según explicaron en primer turno las autoridades de la Corte, con la ampliación solicitada, su presupuesto se incrementará en un 33% respecto a la versión enviada por el Ejecutivo.

Los representantes de la máxima instancia judicial basaron su pedido en la autonomía presupuestaria establecida en la Constitución Nacional.

Explicaron que la mencionada ampliación permitirá a la entidad financiar la creación de 981 cargos, la regularización de otros 500 puestos, así como las construcciones de nuevas sedes judiciales y la continuidad de obras que ya se encuentran en ejecución.

Asimismo, detallaron que parte de esos recursos irán al rubro de servicios no personales, de modo a garantizar el funcionamiento de las distintas dependencias.

El titular de la Corte, César Diesel, subrayó que el plan de gastos de este organismo se construyó sobre tres ejes centrales: La aplicación de leyes específicas; la continuidad del expediente judicial electrónico; y la inversión en infraestructura. El ministro Eugenio Jiménez, por su parte, recalcó que si no se concede la ampliación solicitada, difícilmente puedan cumplir con los objetivos, ya que se afectaría sensiblemente el funcionamiento.

LOS PEDIDOS HECHOS A LA COMISIÓN BICAMERAL DEL CONGRESO.png

IPTA afirma que solicitud será remitida a Hacienda

El IPTA también se sumó al carnaval de pedidos que hicieron los órganos de Justicia a la Bicameral en la víspera.

El titular de la institución, Édgar Esteche, explicó que la ampliación solicitada será utilizada para la reposición de recortes aplicados por Hacienda, inversiones en construcciones y maquinarias, combustible y contratación de entre 61 y 85 funcionarios nuevos. En total, esta entidad pide G. 14.705 millones (USD 2,1 millones) adicionales.

Esteche, sin embargo, afirmó que esta solicitud de más fondos será también enviada al Ministerio de Hacienda, de modo a tener el visto bueno del Equipo Económico Nacional.

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