“El sistema político no puede declarar a Milagro Sala culpable, ello es improcedente y genera situaciones no deseadas para el Estado de Derecho”, señaló Almagro en una entrevista publicada hoy por el diario La Nación divulgada este lunes.
En ese sentido, insistió en que el Estado de Derecho indica que debe ser el poder judicial el que actúe en situaciones procesales o jurídicas, por lo que el Ejecutivo “no puede asumir esa representatividad ni prejuzgar”.
La diputada del Parlamento de Mercosur por el kirchnerista Frente para la Victoria permanece en la cárcel desde el pasado 16 de enero, cuando la Justicia de la norteña provincia de Jujuy ordenó detenerla por presunta instigación al tumulto durante una protesta contra el gobernador Gerardo Morales.
Trece días después, un juez provincial ordenó su excarcelación, pero, en contra de esa decisión, Sala permaneció detenida preventivamente por una causa abierta el día anterior en la que se le imputaron delitos de fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión.
El caso despertó el interés de la comunidad internacional y, en octubre, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas pidió al Estado argentino que la liberara al considerar que fue apresada de forma “arbitraria” y “violatoria” de los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Este exhorto fue apoyado posteriormente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y por expertos de los Comités de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y de la Discriminación Racial, entre otros referentes de derechos humanos de Argentina y el resto del mundo, como el propio Almagro, que este lunes reiteró su postura.
El Gobierno, en todo este tiempo, ha insistido en que le corresponde a la Justicia determinar el futuro de la activista.
A principios de diciembre, el presidente Mauricio Macri aseguró que “a la mayoría de los argentinos” les ha “parecido que había una cantidad importante de delitos que ameritaba todas las causas que tiene abiertas” la activista.
En este sentido, Almagro declaró en la entrevista publicada hoy que la Justicia “no se puede administrar por encuestas u opiniones, sino en función de consideraciones objetivas del caso”.
Sin embargo, consideró “muy positivo” que el jefe de Estado argentino invitara al país austral a los representantes de todos aquellos organismos que se pronunciaron en contra de la detención de Sala para que puedan evaluar la situación.
Almagro afirmó que Argentina es un país de “profunda vocación democrática y de defensa de los derechos humanos” por lo que se mostró confiado en que “actuará en base a los principios fundamentales del derecho y los derechos humanos”, aceptará el “escrutinio internacional” y encontrará una solución para este caso “dentro del debido proceso”.
Para él, el problema es “de qué lado de los principios te paras, nada más”.
“El tema que se ha planteado es respecto a garantías procesales, no podemos hacer un pronunciamiento sobre aspectos de sustancia”, señaló antes de hacer hincapié en que en la carta pública en la que a finales de noviembre pidió “tomar acciones para liberarla” también dejó claro que “nadie está por encima de la ley”.
“Todos coincidimos en que debe asegurarse el más pleno respeto de las garantías procesales para Milagro Sala o para cualquier detenido, pero que nadie puede considerarse impune en el sentido de que sus crímenes no sean juzgados. No importa de quién se trate”, agregó.
El titular de la OEA destacó que es necesario que la legítima defensa de la diputada del Parlasur esté asegurada “y ello debe hacerse bajo los más rigurosos estándares internacionales, los que marcan las instituciones especializadas del sistema interamericano y la ONU”.
