El hogar está a cargo de una comunidad religiosa que había sido suprimida por la Diócesis de Ciudad del Este.
La fiscala dijo que tiene la información de que el hogar no está habilitado. La investigación es por maltrato al niño y adolescente bajo tutela. Las medidas de protección quedaron a cargo de la defensora Gloria González.
“Constaté situaciones gravísimas, pero voy a aguardar informes de las sicólogas para ver si amerita formular una imputación. Ese local no tenía una oficina de archivo de los datos de los chicos, no tenía documentos, nadie sabía nada”, afirmó la fiscala.